Jorge Laurel González
La inseguridad también cobra facturas. Cita del autor.
La semana pasada analizamos el caso de Rubén Rocha Moya como una expresión de la reorganización interna del poder en Morena. La acusación, la licencia, su inesperada reinstalación y la nueva licencia dejaron al descubierto una pregunta que seguirá acompañando al partido gobernante: quién fija las reglas en la nueva etapa de la Cuarta Transformación.
Pero existe una segunda dimensión, quizá más importante para los ciudadanos.
Mientras gobernadores, dirigentes, senadores y funcionarios discuten quién debe permanecer, quién debe retirarse y quién controla políticamente un territorio, millones de mexicanos enfrentan un problema bastante menos abstracto: la inseguridad.
Y la inseguridad no solamente mata.
También empobrece.
Cierra negocios. Destruye inversiones. Cancela viajes. Vacía restaurantes. Reduce ocupaciones hoteleras. Elimina empleos. Y construye algo todavía más difícil de recuperar que el dinero: la confianza.
Puerto Vallarta nos ofrece un ejemplo extraordinariamente doloroso.
El 22 de febrero de este año murió Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, durante una operación militar. La reacción criminal fue inmediata: bloqueos, incendios, vehículos quemados y ataques coordinados en distintos estados.
Puerto Vallarta quedó atrapado en esa violencia.
Ese domingo fueron canceladas todas las operaciones internacionales y la mayoría de las nacionales en el aeropuerto vallartense. Entre Puerto Vallarta, Guadalajara y Tepic se contabilizaron al menos 325 vuelos cancelados.
Podría pensarse que se trató solamente de un mal día.
No fue así.
Durante la semana posterior, la ocupación hotelera en Jalisco sufrió una caída estimada de alrededor de 30 por ciento. En Puerto Vallarta, empresarios turísticos comenzaron a utilizar una expresión devastadora para cualquier destino de playa: la temporada alta había terminado el 22 de febrero, casi un mes antes de lo normal.
En marzo, la ocupación hotelera de Puerto Vallarta terminó alrededor de 22 puntos porcentuales por debajo del mismo mes de 2025. Al concluir el primer semestre, la ocupación acumulada había pasado de 75.41 por ciento en 2025 a 69.38 por ciento en 2026.
Junio permitió cierta recuperación, pero todavía en julio el destino se mantenía por debajo del año anterior.
No sería correcto afirmar que todas las reservaciones del resto del año fueron canceladas. Pero tampoco sería serio reducir lo ocurrido a una crisis de unos cuantos días. En agosto, seis meses después de los acontecimientos, los propios hoteleros vallartenses todavía hablaban de esperar hasta la temporada invernal para recuperar los niveles de ocupación anteriores al 22 de febrero.
Esa es la verdadera dimensión económica de la inseguridad.
Un comando incendia vehículos durante unas horas.
La fotografía circula durante meses.
La percepción permanece mucho más tiempo.
Y la factura la pagan miles de trabajadores que jamás tuvieron relación con el narcotráfico: meseros, recepcionistas, taxistas, restauranteros, agentes de viajes, comerciantes, pequeños empresarios y familias completas.
Por eso el caso Rocha no debería convertirse exclusivamente en otra batalla política.
Sinaloa necesita algo mucho más importante que conocer cuál grupo interno de Morena controla la gubernatura.
Necesita recuperar la paz.
México necesita comprender que, cuando organizaciones criminales poseen la capacidad de paralizar carreteras, incendiar comercios, suspender vuelos o desafiar abiertamente al Estado, el problema deja de ser solamente policial.
Se convierte en un problema económico, turístico, institucional y finalmente democrático.
Un gobierno que no garantiza seguridad tampoco garantiza plenamente libertad.
Porque tampoco es libre el comerciante obligado a pagar una cuota. Ni el restaurantero que cierra temprano por miedo. Ni el turista que cancela un viaje. Ni la familia que modifica su ruta porque determinadas carreteras dejaron de ser confiables. Mucho menos el ciudadano que termina acostumbrándose a vivir entre retenes, bloqueos y noticias de enfrentamientos.
Paradójicamente, el episodio Rocha puede convertirse también en una oportunidad para Claudia Sheinbaum.
Las presidencias se consolidan no solamente ganando elecciones, sino resolviendo crisis.
La Presidenta deberá demostrar que puede defender la soberanía mexicana sin confundirla con la protección de funcionarios; exigir pruebas a Estados Unidos sin impedir investigaciones mexicanas; respetar la presunción de inocencia sin tolerar zonas de ambigüedad política y, sobre todo, construir una política de seguridad que coloque nuevamente al Estado por encima de cualquier organización criminal.
Eso también implicará poner orden en su propio partido.
Porque ningún movimiento puede gobernar indefinidamente como si todavía estuviera en campaña. Llega un momento en que la transformación necesita transformarse también a sí misma.
Morena tiene derecho a disputar ideas, candidaturas, proyectos y liderazgos. Lo que no puede permitirse es que esas luchas terminen debilitando instituciones que ya enfrentan una presión extraordinaria del crimen organizado.
México necesita tres cosas que parecen sencillas y que, sin embargo, hemos postergado durante demasiado tiempo: instituciones fuertes, investigaciones creíbles y una política de seguridad que mida sus resultados también por sus consecuencias económicas y sociales.
Un destino turístico que pierde ocupación por miedo es una derrota de la política de seguridad.
Una carretera que deja de transitarse es una derrota.
Un empresario que decide no invertir es una derrota.
Un ciudadano que normaliza la violencia es quizá la derrota más grave.
Rubén Rocha Moya tendrá derecho a defenderse y las autoridades tendrán obligación de investigar. Morena tendrá que resolver sus diferencias internas. Claudia Sheinbaum deberá consolidar su liderazgo.
Pero mientras todo eso sucede, el Estado mexicano tiene una responsabilidad mucho más elemental: que los ciudadanos puedan vivir, trabajar, viajar e invertir sin miedo.
Porque al final, el poder político no se justifica por conservar gubernaturas, controlar congresos o ganar disputas internas.
Se justifica cuando sirve.
Y cuando deja de servir a las personas para comenzar a servirse a sí mismo, quizá ha llegado el momento de recordar la frase de Caballero y Góngora, con la que abrimos esta reflexión la semana pasada: “Cuando el poder se ocupa demasiado de conservarse, suele olvidar para qué fue creado.”
Juntos podemos construir un país con instituciones, seguridad y rumbo.
Solamente Juntos, Logramos Generar: Propuestas y Soluciones.
JLG