Por Gustavo Adolfo Torres Blanco.
La inminente llegada de Uber, DiDi y otras plataformas digitales a Guerrero coloca a las autoridades frente a una realidad que no puede ser regulada con criterios del pasado, y que tampoco fue prevista por la autoridad ni por el legislativo locales.
El debate sobre si requieren o no concesión es importante, pero la verdadera discusión de fondo es otra ¿cómo garantizar que exista competencia, seguridad y derechos del usuario sin convertir esa regulación en una barrera contra la innovación y la libertad del usuario a decidir el servicio?
Nadie puede negar que los transportistas concesionados tienen una razón válida para exigir reglas claras; ellos pagan derechos, cumplen requisitos administrativos, están sujetos a la supervisión de la autoridad y al pase de revista periódico de las condiciones físicas y mecánicas de la unidad (entre otros aspectos, estados de los neumáticos, frenos, luces, sistemas de operación y condiciones de carrocería), esta última deja muchas dudas en su cumplimiento. Por lo tanto, resultaría injusto que quienes prestan servicios semejantes enfrentaran obligaciones completamente distintas.
Sin embargo, tampoco debe soslayarse que el servicio solicitado por medio de una plataforma posee características que lo diferencian del transporte público tradicional. Por ejemplo; el usuario identifica previamente al conductor y al vehículo, utiliza geolocalización, conoce así mismo las condiciones del servicio, tiene la opción de realizar pagos electrónicos y el poder de evaluar el servicio, contribuyendo a la mejora constante del mismo. Es fácil comprender que no se trata exactamente el mismo modelo tradicional.
A mi entender, la discusión pública no debería ser las visiones de prohibir las plataformas o someterlas automáticamente a un régimen de concesiones que fue diseñado para el taxi convencional. El uso de la tecnología y un innovador modelo de negocios exige una regulación adecuada, eficiente, proporcional y moderna.
Es obligación del Estado garantizar que todo prestador cumpla obligaciones esenciales: identificación del conductor, licencia vigente, condiciones adecuadas del vehículo, seguro suficiente, protección al usuario y mecanismos efectivos de supervisión y sanción. Con ello, darle certeza y seguridad al usuario, no debemos olvidar la vocación turística de los principales polos económicos de nuestra entidad.
La competencia tampoco debe convertirse en una guerra entre modelos de prestación de servicios. Si las plataformas tienen ventajas derivadas de la tecnología, el transporte tradicional también debe tener la oportunidad de modernizarse y competir en condiciones razonables.
El verdadero riesgo está en utilizar la ley para proteger intereses particulares. La concesión es un instrumento jurídico para ordenar un servicio de interés público y no debe ser utilizado como una barrera artificial para impedir la competencia.
El poder legislativo local debe enfocarse a establecer una normatividad que reconozca la realidad y no pretenda desaparecerla mediante decretos. La falta de definición sólo genera conflictos entre autoridades, concesionarios, plataformas y conductores, mientras el ciudadano queda en medio.
El usuario debe ser el centro de la regulación. Lo que éste reclama es seguridad, certeza, precio razonable y buen servicio, independientemente de si aborda un taxi tradicional o solicita un vehículo mediante una aplicación.
La discusión, entonces, no debería plantearse como plataformas contra concesionarios. Debe plantearse como Estado de Derecho contra privilegios, y modernización contra rezago.
Ni privilegios para las plataformas, ni privilegios para los concesionarios.
Mismas garantías para el ciudadano, reglas diferentes cuando la naturaleza del servicio lo justifique y responsabilidades claras para todos.
Ésa es la ruta de una regulación moderna. Porque gobernar no consiste en detener el cambio, sino en ponerlo al servicio de la sociedad.