Por Christian Manuel Patiño Bello
Recientemente se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma mediante la cual se derogan diversas disposiciones del Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal, otorgando nuevas facultades a la Guardia Nacional.
Desde mi perspectiva, esta decisión genera una preocupación legítima. No se trata de descalificar a una institución, sino de cuestionar si realmente cuenta con la preparación técnica, la experiencia operativa y la formación especializada que exige la seguridad vial en carreteras federales.
El tránsito terrestre no es un tema menor. Implica conocimiento normativo, capacidad de reacción ante incidentes, manejo de crisis en accidentes de alto impacto y la correcta implementación de dispositivos viales en escenarios complejos. Son funciones que requieren especialización, no improvisación.
La Guardia Nacional, en su estructura original, no fue concebida para desempeñar estas tareas de manera prioritaria. Por ello, surgen preguntas inevitables:
¿Podrán controlar eficazmente el caos vial en situaciones críticas?
¿Están preparados para atender emergencias derivadas de accidentes?
¿Tendrán la capacidad técnica para aplicar sanciones conforme a derecho?
¿Cuentan con la formación para fungir como peritos en tránsito terrestre?
A esto se suma una preocupación histórica: la corrupción. Durante años, muchos ciudadanos normalizaron prácticas indebidas como el soborno para evadir sanciones. ¿Estamos frente a un cambio institucional que fortalezca la legalidad, o ante un riesgo de repetir errores del pasado?
La seguridad en las carreteras no admite margen de error. Lo que está en juego no es solo la movilidad, sino la vida de miles de personas que transitan diariamente por las vías federales.
Este es, sin duda, un tema que debe analizarse con seriedad, supervisarse con rigor y, sobre todo, evaluarse con resultados.