Jorge Laurel González
“Cuando el poder se ocupa demasiado de conservarse, suele olvidar para qué fue creado.”
Antonio Caballero y Góngora (virrey de Nueva Granada, 1723–1796)
En política, las crisis rara vez son producto de un solo acontecimiento. Se acumulan, se entrelazan y, cuando finalmente estallan, revelan mucho más de lo que sus protagonistas hubieran querido mostrar. El caso de Rubén Rocha Moya es uno de esos episodios. Lo ocurrido durante los últimos meses en Sinaloa no debe leerse únicamente como el problema jurídico de un gobernador acusado en Estados Unidos, ni como una discusión sobre soberanía nacional, ni siquiera como una sucesión de licencias constitucionales.
Estamos frente a un episodio que permite observar algo más profundo: la reorganización del poder dentro del partido gobernante y la lucha por determinar quién manda realmente en la nueva etapa de la llamada Cuarta Transformación.
Conviene empezar por los hechos.
El 29 de abril de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública una acusación contra Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos. La fiscalía federal del Distrito Sur de Nueva York los acusa de conspirar con integrantes del Cártel de Sinaloa para facilitar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos a cambio, presuntamente, de apoyo político, protección y sobornos.
Se trata de acusaciones, no de una sentencia. La presunción de inocencia debe respetarse. Ese principio no es una concesión política ni una cortesía entre gobiernos: es una de las bases del Estado de derecho. El propio Gobierno mexicano sostuvo que la solicitud estadounidense no estaba acompañada, en ese momento, de elementos probatorios suficientes para proceder de inmediato.
Dos días después, Rocha solicitó licencia. El Congreso de Sinaloa la autorizó y Yeraldine Bonilla asumió como gobernadora interina. El argumento del mandatario podía entenderse en términos institucionales: separarse temporalmente del cargo para no interferir en las investigaciones y evitar que la gubernatura se convirtiera en instrumento de defensa personal.
Hasta ahí, la historia parecía seguir una lógica.
Lo verdaderamente revelador ocurrió después.
Tras 112 días fuera del cargo, Rocha regresó a la gubernatura el 21 de agosto. Se reunió con su gabinete, retomó las funciones constitucionales y afirmó volver con la frente en alto.
Pero algo había cambiado.
Morena se deslindó inmediatamente. Su dirigencia informó que no había tenido conocimiento previo de la decisión. Legisladores del propio partido le pidieron reconsiderarla. Desde distintos espacios del oficialismo surgió una pregunta incómoda: ¿por qué regresar precisamente en ese momento y, sobre todo, por qué hacerlo sin una operación política previa que garantizara el respaldo del partido?
Treinta y cuatro horas después, Rocha volvió a solicitar licencia.
Esta vez, por tiempo indefinido.
La presidenta Claudia Sheinbaum fue posteriormente mucho más explícita. Calificó el regreso del gobernador de imprudente y recordó que ningún interés personal debe colocarse por encima del pueblo de Sinaloa ni del país.
Finalmente, el Congreso sinaloense nombró el 25 de agosto a Graciela Domínguez Nava como gobernadora interina, con 31 votos a favor y seis en contra. Domínguez anunció además que trabajaría en estrecha coordinación con la Presidenta de la República.
No hace falta demasiada imaginación para advertir que aquí existe algo más que una simple sucesión administrativa.
Morena enfrenta un fenómeno perfectamente normal en los partidos que permanecen en el gobierno después de un liderazgo fundador extraordinariamente poderoso.
Andrés Manuel López Obrador no fue solamente Presidente de México. Durante años fue también el eje político, emocional y electoral del movimiento. Las diferencias internas podían existir; los grupos podían competir; gobernadores, legisladores y dirigentes podían mantener agendas propias. Pero sobre todos ellos existía un árbitro indiscutible.
Ese modelo terminó formalmente con el cambio de gobierno.
Claudia Sheinbaum recibió la Presidencia y una extraordinaria legitimidad electoral, pero heredó al mismo tiempo gobernadores, legisladores, organizaciones, intereses regionales y liderazgos construidos durante la etapa anterior.
La transición verdadera, por tanto, no ocurrió el día de la toma de protesta. Está ocurriendo ahora.
Y Rocha Moya puede ser una de sus expresiones más visibles.
Su regreso sin haberlo comunicado previamente a la dirigencia de Morena y la reacción prácticamente inmediata del partido muestran una ruptura en la disciplina política. No necesariamente una conspiración ni una guerra abierta entre grupos, pero sí una disputa alrededor de los límites de autonomía que conservan los antiguos liderazgos frente al nuevo centro presidencial.
Cuando un partido considera necesario aclarar públicamente que la decisión de uno de sus gobernadores fue “personal”, el mensaje político es bastante claro.
No se está hablando únicamente de Rocha.
Se está estableciendo una regla.
La Presidencia necesita ejercer autoridad sobre su propio movimiento. Y Morena necesita comenzar a resolver una pregunta que todos los partidos dominantes terminan enfrentando tarde o temprano: ¿qué pesa más, la lealtad a los compañeros de origen o la responsabilidad institucional de gobernar?
Defender a un integrante del movimiento frente a una acusación sin pruebas suficientes puede ser legítimo. Convertir esa defensa en impunidad sería otra cosa. Pero también sería igualmente peligroso condenar anticipadamente a una persona solamente porque una autoridad extranjera la acusa.
Entre ambas posiciones existe precisamente aquello que México necesita fortalecer: instituciones capaces de investigar, probar y resolver.
Sin embargo, mientras en las alturas del poder se discute quién permanece, quién pide licencia, quién controla un gobierno estatal y quién fija las nuevas reglas dentro de
Morena, existe otra realidad mucho menos abstracta. La de los ciudadanos.
Porque las disputas políticas pueden ocupar titulares durante semanas, pero cuando coinciden con territorios atravesados por la violencia dejan de ser solamente un problema del partido gobernante.
La inseguridad también gobierna.
Gobierna cuando altera horarios, inversiones, carreteras, viajes, negocios y decisiones familiares. Gobierna cuando el miedo comienza a determinar aquello que el Estado debería garantizar. Y ese será el tema de la próxima entrega. Recordemos que solamente Juntos, Logramos Generar: Propuestas y Soluciones.
JLG