Por Gustavo Adolfo Torres Blanco
Aunque es un tema recurrente en los círculos de café y reuniones de algunos miembros de la “clase política”, hablar de una crisis institucional en México no debe convertirse en una consigna partidista ni en un recurso para descalificar al gobierno en turno. Tampoco sería responsable negar que existen señales preocupantes. Considero que la discusión debe colocarse en un terreno más serio: el de la fortaleza de las instituciones, la división de poderes, el Estado de derecho y la capacidad del Estado para responder a las necesidades de la sociedad.
Una institución no se debilita solamente cuando deja de funcionar; también comienza a deteriorarse cuando pierde autonomía, cuando sus decisiones se subordinan a intereses políticos, cuando la ley deja de aplicarse con criterios generales y cuando se pretende que la aprobación ciudadana sustituya al principio de legalidad.
México ha construido, particularmente durante las últimas décadas, instituciones destinadas a limitar el ejercicio arbitrario del poder. El proceso democrático no ocurrió de un día para otro, ha sido lento, difícil y lleno de sacrificios de amplios sectores de la población. Reformas electorales como las de 1977, 1990 y 1996 fueron parte de una evolución que buscó hacer competitivas las elecciones y fortalecer las reglas de acceso al poder.
Por eso, la discusión actual no puede reducirse a preguntar quién gobierna, sino cómo se gobierna y bajo qué controles.
El problema aparece cuando el poder político comienza a considerar a las instituciones como obstáculos y no como contrapesos. Una democracia madura no necesita instituciones complacientes con el gobierno, sino instituciones capaces de cumplir su función incluso cuando sus decisiones resultan incómodas para quien detenta el poder.
La existencia de diferencias entre poderes, organismos autónomos, partidos políticos y gobierno no constituye por sí misma una crisis, todo lo contrario: el conflicto institucional puede ser saludable cuando se procesa dentro de la ley. La verdadera crisis aparece cuando desaparecen los mecanismos para resolver esas diferencias o cuando la mayoría política pretende convertir su fuerza electoral en una autorización para controlar todos los espacios del Estado.
También sería un error afirmar que la crisis institucional es exclusivamente producto del actual gobierno. Las debilidades del Estado mexicano vienen de mucho tiempo atrás: corrupción, impunidad, inseguridad, burocracias ineficientes, desigualdad, insuficiente rendición de cuentas y una justicia que durante años no ha logrado responder a las expectativas ciudadanas. El propio diagnóstico del IMCO sobre el Estado de derecho ha identificado problemas persistentes en materia de corrupción, seguridad e impunidad.
Lo que sí corresponde preguntarnos es si las decisiones actuales están corrigiendo esas debilidades o, por el contrario, están creando nuevas vulnerabilidades.
Una institución fuerte no depende de la simpatía que genere su titular. Depende de reglas, procedimientos, profesionalismo, transparencia y límites. Cuando la permanencia o el desempeño de una institución depende excesivamente de la voluntad política, deja de ser una institución sólida para convertirse en una institución vulnerable.
El caso electoral resulta particularmente sensible. El INE ha sido producto de una larga evolución institucional destinada a garantizar condiciones de competencia y credibilidad electoral. Hoy continúa desarrollando responsabilidades fundamentales para la vida democrática del país y, sin embargo, se percibe dócil ante la fuerza electoral del partido gobernante y presto a justificar cualquier simulación o exceso en su operación política.
Y aquí conviene hacer una precisión: defender las instituciones no significa defender a quienes las integran. Los funcionarios pueden equivocarse, abusar de sus atribuciones o merecer críticas. Lo que debe defenderse es la existencia de reglas que impidan que una persona, un partido o una mayoría circunstancial tenga el poder de modificar las reglas en su propio beneficio.
La democracia no consiste únicamente en ganar elecciones. Consiste también en aceptar límites después de ganarlas.
Por eso, la pregunta fundamental no es si México tiene un gobierno fuerte. La pregunta es si tiene instituciones suficientemente fuertes para controlar al poder, cualquiera que sea su signo político.
Si la respuesta es negativa, estamos ante un problema que trasciende a partidos y personas.
Una crisis institucional tampoco significa necesariamente que el Estado haya colapsado. México sigue teniendo Constitución, Congreso, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, organismos electorales, gobiernos estatales y municipales, universidades, organizaciones sociales y medios de comunicación. El problema es determinar qué tan eficaces, independientes y confiables son para cumplir sus responsabilidades.
El riesgo más grande sería normalizar el debilitamiento institucional. Porque cuando una sociedad comienza a aceptar que la ley puede aplicarse de manera diferente dependiendo de quién sea el destinatario, que los contrapesos son enemigos del gobierno o que la mayoría electoral equivale a una mayoría absoluta sobre las instituciones, se comienza a sustituir el Estado de derecho por el derecho del poder.
Y eso sí sería una crisis.
México no necesita instituciones que gobiernen; necesita instituciones que hagan posible que el gobierno funcione dentro de la ley. Necesita contrapesos responsables, no obstáculos artificiales; oposición crítica, no oposición irracional; medios libres, pero también responsables; jueces independientes, pero sujetos a la Constitución; y ciudadanos capaces de cuestionar tanto al gobierno como a quienes pretenden sustituirlo.
La mayor amenaza para una democracia no siempre llega mediante un golpe de Estado. A veces llega gradualmente, mediante pequeñas excepciones, silencios, abusos tolerados y reglas que dejan de ser generales para convertirse en instrumentos de conveniencia. Por eso debemos mirar el problema con objetividad.
México no necesita alarmismo, pero tampoco complacencia. No necesita defender instituciones por decreto ni destruirlas por prejuicio. Necesita fortalecerlas.
Porque al final, los gobiernos pasan, los partidos cambian y los funcionarios terminan sus encargos; las instituciones, en cambio, deben permanecer.
Y cuando las instituciones se debilitan, quien pierde no es un partido político ni un gobierno: pierde la sociedad.