Jorge Laurel González
«La existencia de una nación es un plebiscito cotidiano».Ernest Renan, Escritor e historiador francés (1823-1892)
El Reino Unido podría perder algo más que influencia internacional: podría perder partes de sí mismo. La posibilidad merece análisis, aunque todavía no autoriza funerales. Los Estados rara vez desaparecen cuando sus adversarios lo anuncian; empiezan a debilitarse cuando sus ciudadanos dejan de encontrar razones suficientes para permanecer juntos. Allí se encuentra el problema británico: en la distancia entre una unidad jurídicamente defendible y una convivencia políticamente convincente. El pasado 14 de septiembre, los dirigentes de Escocia, Gales e Irlanda del Norte suscribieron un entendimiento para impulsar cambios constitucionales y expresar su orientación europea. La coincidencia de gobiernos independentistas o favorables a la reunificación irlandesa representa una presión inédita sobre Londres. Sin embargo, compartir adversario y fotografía no significa disponer de una misma ruta de salida. Conviene precisar el diagnóstico. Una separación territorial no supondría necesariamente la desaparición completa del Estado británico. Podría producir una reducción de su territorio, una transformación constitucional y negociaciones sobre continuidad internacional. Hablar de “disolución” sirve como advertencia política; presentarla como un acontecimiento inminente confunde el ruido de las bisagras con la caída de la puerta. El Brexit agravó una contradicción fundamental. En 2016, Escocia votó por permanecer en la Unión Europea con 62%; Irlanda del Norte, con 55.8%. Ambas salieron porque prevaleció el resultado conjunto británico. La decisión fue válida conforme a las reglas del referéndum, pero dejó una pregunta corrosiva: ¿cuánto vale la voluntad territorial cuando otra mayoría decide sistemáticamente el horizonte compartido? La ironía tiene acento inglés. Recuperar soberanía frente a Bruselas fortaleció, en algunos territorios, el deseo de recuperarla frente a Londres. El nacionalismo británico abrió una discusión que pretendía cerrar: quién constituye el sujeto soberano. Para Westminster, decide el conjunto; para los independentistas, cada nación debe poder revisar su pertenencia. Ambas posiciones invocan democracia, pero cuentan ciudadanos dentro de fronteras políticas distintas. Escocia enfrenta un cerrojo institucional. En 2022, el Tribunal Supremo determinó que su Parlamento carecía de competencia para legislar unilateralmente el referéndum independentista propuesto, porque afectaba materias reservadas. Una mayoría parlamentaria nacionalista puede ejercer presión, pero no convierte automáticamente su programa en autorización jurídica. El desafío consiste en transformar apoyo electoral en una mayoría social persistente y una negociación constitucional viable. Londres, por su parte, puede ganar el expediente y perder el argumento. Negarse indefinidamente a discutir las condiciones de una consulta alimentaría la acusación de que la unión depende del veto. Pero los independentistas también deben responder preguntas incómodas: moneda, deuda, pensiones, comercio y fronteras. La soberanía entusiasma en los mítines; después necesita presupuesto. Ninguna bandera paga por sí sola la nómina pública. Irlanda del Norte tiene una puerta diferente. El Acuerdo de Viernes Santo y su desarrollo legal contemplan una consulta sobre reunificación. El secretario de Estado debe convocarla si considera probable una mayoría favorable; la unidad requiere además consentimiento mayoritario en ambas jurisdicciones irlandesas. Existe, por tanto, un procedimiento reconocido, aunque persisten incertidumbres sobre cómo valorar el apoyo y diseñar la transición. Sería irresponsable reducir esa discusión a una competencia demográfica entre católicos y protestantes. La identidad religiosa no sustituye la decisión política. Empleo, servicios sanitarios, impuestos y garantías culturales pueden pesar tanto como la memoria familiar. Una Irlanda reunificada necesitaría ofrecer seguridad a quienes se sienten británicos. Cambiar la frontera sin construir confianza trasladaría el conflicto al interior del nuevo arreglo. Gales añade otra dimensión. El liderazgo de Plaid Cymru refuerza la discusión constitucional, pero gobernar desde un partido independentista no equivale a recibir un mandato inequívoco de separación. Su desafío es convertir credibilidad administrativa en adhesión nacional. La gestión cotidiana puede impulsar esa aspiración o desgastarla: los ciudadanos también juzgan a los proyectos históricos por el funcionamiento de sus hospitales. Mi lectura es que resulta más plausible un desgaste prolongado, acompañado de negociaciones y episodios de confrontación, que una ruptura simultánea. Los incentivos económicos para permanecer son considerables; también lo son los costos de separarse. Sin embargo, la contabilidad no agota la política. Cuando una comunidad interpreta la dependencia como subordinación, puede aceptar sacrificios que desde fuera parecen irracionales. La supervivencia británica dependerá de su capacidad para renovar el consentimiento: distribuir poder, reconocer diferencias y ofrecer beneficios compartidos verificables. Una unión que necesita explicar diariamente por qué conviene permanecer puede fortalecerse. Una que responde únicamente que marcharse está prohibido empieza a discutir su futuro con vocabulario de pasado. El Reino Unido conserva instituciones para resistir y recursos para reformarse. Le falta demostrar que sabe escuchar antes de atrincherarse. Las naciones pueden compartir corona, ejército y moneda durante siglos; compartir futuro exige algo más difícil: querer seguir juntas mañana. Recordemos que Solamente Juntos, Logramos Generar: Propuestas y Soluciones.
JLG.