¿Es Legal Que Un Ciudadano Grabe A Un Policía? ¿Y Puede El Policía Grabar Al Ciudadano?

Por: Lic. Christian Manuel Patiño Bello

Hay una escena que cada vez observamos con mayor frecuencia en nuestras calles: un policía realiza una intervención, una infracción de tránsito, una revisión o una detención y, de pronto, aparecen varios ciudadanos con sus teléfonos celulares grabando lo que sucede.

En algunos casos, se trata de personas que están directamente involucradas en el procedimiento y que desean documentar la actuación de la autoridad. En otros, son ciudadanos que, sin tener relación alguna con los hechos, se acercan, comienzan a grabar, cuestionan las indicaciones policiales y, en ocasiones, terminan interfiriendo en el desarrollo de la intervención.

Esto nos lleva a plantearnos una pregunta importante: ¿es legal que un ciudadano grabe a un policía mientras realiza sus funciones?

La respuesta es sí. Pero existe otra pregunta que pocas veces se plantea: ¿hasta dónde puede llegar ese derecho y en qué momento puede convertirse en una conducta que afecte el trabajo policial?

Y ahora viene la otra cara de la moneda: ¿puede un policía grabar a un ciudadano durante una intervención?

Vamos por partes y aclaremos estas dudas desde el marco jurídico.

EL CIUDADANO SÍ PUEDE GRABAR AL POLICÍA

Para comenzar, debemos acudir a nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El artículo 6 reconoce el derecho a la libre manifestación de las ideas y el acceso a la información. Por su parte, el artículo 7 protege la libertad de difundir opiniones, información e ideas por cualquier medio.

Estos derechos constitucionales permiten que los ciudadanos documenten hechos de interés público, entre ellos, la actuación de los servidores públicos cuando desempeñan sus funciones en espacios públicos.

¿Por qué? Porque el ejercicio de la función policial no es un asunto privado. Es una actividad de interés público que debe sujetarse a los principios de legalidad, transparencia y rendición de cuentas.

Por lo tanto, un ciudadano puede utilizar su teléfono celular para documentar una intervención policial, una detención, una infracción de tránsito o cualquier otro acto de autoridad que ocurra en un espacio público.

Sin embargo, debemos entender algo: tener derecho a grabar no significa tener derecho a intervenir en el procedimiento.

¿CUÁL ES EL LÍMITE DEL CIUDADANO?

Aquí encontramos uno de los puntos más importantes de este tema.

El ciudadano puede observar, grabar, cuestionar y posteriormente denunciar una actuación policial que considere irregular. Pero ese derecho no le concede facultades de autoridad ni lo convierte en parte de un procedimiento en el que no está involucrado.

Pongamos algunos ejemplos:

Una persona observa que un agente de tránsito detiene un vehículo y comienza a grabar desde una distancia prudente. Está ejerciendo su derecho.

Otra persona observa una detención y decide documentarla sin obstaculizar el trabajo de los elementos. También está ejerciendo su derecho.

Pero imaginemos un escenario diferente: varias personas rodean a los policías, se colocan frente a ellos, impiden que se acerquen a una persona detenida, obstaculizan el paso de una patrulla, interfieren físicamente en una detención o ponen en riesgo la integridad de quienes participan en el procedimiento.

Aquí ya no estamos hablando únicamente de grabar.

La conducta debe analizarse conforme a las circunstancias y a las disposiciones legales aplicables. Si existen amenazas, agresiones, resistencia u otros actos que actualicen una infracción o un delito, podrán generarse responsabilidades.

Es importante aclararlo: no toda persona que se acerca a grabar está cometiendo una conducta ilegal, ni el simple hecho de cuestionar a un policía constituye una obstrucción.

El límite está en que el ejercicio de un derecho no debe convertirse en una afectación injustificada a los derechos de terceros ni en una interferencia material con una intervención legítima.

¿Y EL POLICÍA PUEDE GRABAR AL CIUDADANO?

Ahora abordemos la pregunta que pocas veces se discute.

¿El policía puede utilizar una cámara o un teléfono para documentar su propia actuación?

La respuesta también es sí, pero debemos hacer una distinción: no se trata de una autorización ilimitada para grabar a cualquier persona y por cualquier motivo.

En el ámbito policial existen obligaciones de documentación y registro de las actuaciones.

El artículo 217 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que el Ministerio Público y la Policía deben dejar registro de todas las actuaciones que realicen durante la investigación de los delitos, utilizando cualquier medio que permita garantizar que la información recabada sea completa, íntegra y exacta.

Esto es importante porque la documentación de una intervención no solamente puede proteger los derechos del ciudadano; también puede proteger al propio policía frente a señalamientos falsos o versiones incompletas de los hechos.

En Guerrero encontramos otro fundamento.

El artículo 65, fracción II, de la Ley Número 179 del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guerrero establece que, en las actividades de prevención del delito, la Policía Estatal puede instalar y operar cámaras de circuito cerrado de televisión o fijas en lugares públicos y vehículos oficiales, con propósitos de vigilancia, control y localización de personas y sus bienes.

Asimismo, el artículo 64, fracción X, de dicha ley establece la obligación policial de dejar registro de las actuaciones realizadas durante la investigación de los delitos, utilizando los medios que permitan garantizar que la información sea completa, íntegra y exacta.

Por consiguiente, la documentación audiovisual puede formar parte de los mecanismos institucionales para registrar una actuación policial.

Pero hay que precisar algo: el artículo 65 se refiere específicamente a las facultades de la Policía Estatal para operar cámaras de vigilancia. No significa que cualquier policía tenga una autorización general para grabar indiscriminadamente con su teléfono personal.

La grabación debe responder a una finalidad legítima, estar vinculada con sus funciones y sujetarse a las disposiciones institucionales y de protección de datos personales.

EL POLICÍA TAMBIÉN TIENE LÍMITES

Así como el ciudadano tiene límites al momento de grabar, el policía también los tiene.

El artículo 7 de la Ley Número 179 del Sistema de Seguridad Pública de Guerrero establece que la actuación de las instituciones de seguridad pública debe regirse por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.

Además, el artículo 68, fracción II, de la misma ley establece la obligación de preservar la secrecía de los asuntos que, por razón del desempeño de sus funciones, conozcan los integrantes de las instituciones policiales.

Esto significa que el policía no puede utilizar una grabación oficial para exhibir, ridiculizar, intimidar o vulnerar la privacidad de una persona.

Tampoco debe divulgar imágenes de víctimas, menores de edad, personas detenidas o información sensible fuera de los supuestos legalmente permitidos.

Una cosa es documentar una intervención para fines institucionales, de investigación o rendición de cuentas, y otra muy distinta es utilizar el material para exhibir a una persona en redes sociales.

La finalidad de la grabación importa, así como la forma en que se obtiene, conserva, utiliza y comparte.

UNA REFLEXIÓN JURÍDICA: LA AUTORIDAD TAMPOCO PUEDE IMPEDIR ARBITRARIAMENTE QUE LA GRABEN

Existe un antecedente importante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 31/2017, el Pleno de la Suprema Corte analizó una disposición del Código Penal de Sinaloa relacionada con la grabación de escenas públicas.

La Corte declaró inconstitucional una parte de esa disposición porque la expresión que permitía impedir grabaciones cuando obstaculizaran los protocolos establecidos por la autoridad resultaba ambigua y vulneraba el principio de legalidad.

Este antecedente nos deja una enseñanza importante: una autoridad no puede impedir arbitrariamente que se documenten hechos públicos utilizando argumentos imprecisos o invocando supuestos protocolos sin fundamento jurídico suficiente.

La actuación policial debe ser transparente y estar abierta al escrutinio ciudadano.

Pero ese escrutinio también debe ejercerse con responsabilidad.

DOS DERECHOS, UNA MISMA RESPONSABILIDAD

Debemos dejar de ver este tema como una confrontación entre ciudadanos y policías.

El ciudadano tiene derecho a documentar la actuación de la autoridad. El policía tiene la obligación de actuar conforme a la ley y también puede documentar sus intervenciones dentro de sus facultades y obligaciones.

Ninguno de estos derechos debe utilizarse como pretexto para vulnerar los derechos del otro.

Si un ciudadano graba a un policía, no significa que esté cometiendo un delito.

Si un policía graba a un ciudadano, tampoco significa automáticamente que esté abusando de su autoridad.

Lo que debemos analizar es el contexto, la finalidad, las circunstancias y el fundamento jurídico de cada actuación.

La seguridad pública necesita ciudadanos informados, pero también necesita policías profesionales que conozcan sus atribuciones y respeten los derechos humanos.

UNA REFLEXIÓN FINAL

En mi libro Seguridad Pública sin Mitos he procurado abordar precisamente estos temas sensibles que muchas veces pasan desapercibidos, pero que forman parte de la realidad cotidiana de nuestras instituciones policiales.

Uno de mis objetivos con este manuscrito es acercar al ciudadano a la realidad de la función policial, explicar sus derechos, pero también sus responsabilidades; y, al mismo tiempo, contribuir a que los policías conozcan mejor el marco jurídico que regula su actuación.

Porque no podemos exigir instituciones profesionales si desconocemos cuáles son sus obligaciones, pero tampoco podemos construir una sociedad respetuosa de la ley si el ciudadano desconoce dónde comienzan y terminan sus derechos.

La próxima vez que decidas grabar a un policía, recuerda que tienes derecho a hacerlo, pero también tienes la responsabilidad de no interferir en una intervención legítima.

Y si eres policía, recuerda que portar un uniforme no te coloca por encima de la ley: cada actuación debe poder justificarse, documentarse y someterse al escrutinio público.

La legalidad no debe incomodar ni al ciudadano que observa ni al policía que cumple con su deber. La legalidad debe ser la regla para ambos.