Por Aleida Alarcón
En 2020 México tenía registrado al menos 77,171 personas desaparecidas, de las cuales el 90% de ellas se encuentren relacionadas con el crimen organizado esto lo informó Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos de la SEGOB en su informe del año anterior sobre los trabajos de la institución a la que representa.
El estado de Guerrero tiene un histórico de 3, 555 personas desaparecidas del año 1964 al 2021, según los datos que publica el Sistema Nacional de Registro de Personas Desaparecidas y No localizadas; en el plano nacional el Estado de México tiene el histórico más alto del país con casi 20 mil personas desaparecidas en el mismo rango de periodo, y el más bajo lo registra el estado de Campeche con 49 personas registradas como desaparecidas.
Estos datos nos dan una radiografía de cómo fue evolucionando la atención, sanción e investigación al foco del delito de las violaciones a los derechos humanos con la desaparición de personas, y a la violencia que reciben personas que son del núcleo familiar de una persona que se registra como desaparecida o no localizada. Algo tan complejo que se fueron identificando personas agraviadas bajo este delito como son: periodistas, defensores de derechos humanos, activistas sociales, mujeres y jóvenes, quienes son registradas con estos perfiles en las instituciones que trabajan coordinadamente en las búsquedas.
Pero desde que inició el año, colectivos, académicos y expertos en derechos humanos nacionales e internacionales están nuevamente levantando la voz, debido a que en el senado se presentó la iniciativa de erogar la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la Republica, esto por la esencia de tal iniciativa que de “un plumazo” eliminara los avances que se obtuvieron durante dos sexenios por parte de estos grupos para establecer mecanismos y órganos para que la Fiscalía fuese autónoma, hoy se marca un retroceso debido a la opacidad con que nuevamente quieren poner a trabajar a esta institución.
En donde el titular sugiere que la institución atiende delitos que dañan al Estado no a personas de carne y hueso; poniendo entonces la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda que depende de la Subsecretaría que dirige Encinas bajo lupa para su desaparición o, la auto expulsión de la fiscalía con su trabajo y en la propia coordinación con mencionada comisión.
De la misma manera retroceder en la transparencia y rendición de cuentas sobre la operación y trabajo de cada funcionario superior de esta institución, así como la eliminación del Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera que la fiscalía tiene como ente capacitador y de doctrina en adiestramiento.
Es grave que el senado este pasando esta iniciativa de ley para poner a la FGR (Fiscalía General de la Republica) con todas esas modificaciones para que se convierta nuevamente en la extinta PGR (procuraduría General de la República) y se notó porque las Naciones Unidas ha emitido cartas al ejecutivo para hacerle saber sobre la delicadeza de este ejercicio legislativo que se prepara en el senado.
El Pacto de San José decretado por la OEA (Organización de los Estados de América) en la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Costa Rica en noviembre de 1969 es un acuerdo que firmaron países inicialmente centro y de sur América, que cita: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”; México se adhiere en 1981.
Pasaron 30 años para que la violencia sobre la desaparición de personas fuese vista como un delito grave, pasaron los sexenios de Calderón y Peña Nieto para que las instituciones dieran la apertura de establecer mecanismos con familiares y colectivos que siguen en la búsqueda de su familiar a través del Comité de Búsqueda y un grupo multidisciplinario que acepto que no hace su trabajo y que hoy está obligado a cumplir como Estado ante estos delitos.
Si la ley orgánica de la fiscalía se deroga, el estado de indefensión sobre las familias que siguen buscando a sus familiares estará en una exposición de violencias vistas, sí, vistas cómo en la década de los grupos policiales autoritarios, de las memorables policías judiciales que hacían del delito de la desaparición un evento común.
México se lastimará más con este retroceso, Guerrero avivará la histórica memoria con esos más de 3 mil desaparecidos que aún no tienen respuestas, el sistema nacional de búsqueda queda como otra instancia más sin presupuesto, que ya no lo tiene por los fidecomisos que eliminaron también, los periodistas estarán más expuestos en su convicción de buscar la verdad y de informarnos a la sociedad, sobre precisamente las funciones, deficiencias y decadencias que hacen nuestros gobiernos.
Los expertos de la ONU refieren que los migrantes y extranjeros se verían afectados ya que anulan todo un párrafo de esa Ley Orgánica vigente de la FGR donde especifica que tiene la obligación de informarles sus derechos cuando son víctimas de un delito, entre ellos el de retornar a su país de origen o de permanecer en México, y en este caso solicitar visa humanitaria. Pero esto ya no será de obligatoriedad porque la visión del titular es precisamente, la auto expulsión de los trabajos que atienden los Derechos Humanos y la violación a estos derechos.
Los mismos organismos extranjeros como Human Rigths Watch han presentados datos duros, como el conteo del 2006 a noviembre de 2020, han registrado 75 mil personas desaparecida, no sin contar con la estadística negra y que el crimen organizado tiene efecto en estos números, es delicado el incremento de este fenómeno ya que se evidencia la mala operación de fuerzas armadas y/o fuerzas policiales. Es de importancia mantener la atención en el actuar sobre los procesos de la Fiscalía General de la República, ya que pretenden modificar su propia ley orgánica para regresar a esa pantalla de los años setenta en donde las desapariciones, no eran por parte de los delincuentes; si no de los propios elementos judiciales.
Una institución que regresará a la opacidad de sus operaciones, y que la sociedad estamos a la expectativa si los legisladores en verdad permitirán ese retroceso que nos golpeara absolutamente a todos, en lo moral, en lo judicial, en lo social y en la forma débil de ver como se desmoronan instituciones que van creciendo y profesionalizándose por la vida natural de los gobiernos, de la criminalidad que crece en el país, pero sobre todo la impunidad que será combatida durante la existencia de estos mecanismos.
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