Por Gustavo Adolfo Torres Blanco
Hay tragedias que duelen y duelen mucho, pero además de doler, deberían obligarnos a revisar lo que estamos haciendo mal como sociedad y como instituciones.
Durante cinco años fui Administrador de un hospital del ISSSTE, lo que representó un gran reto y una enorme satisfacción personal, ya me hizo acreedor del Reconocimiento al Administrador del Año 2011 en el Sector Público. De ahí nace la preocupación de reflexionar en un tema que parece que a muy pocos importa y sin embargo, debiera encender los focos rojos de toda la sociedad.
La muerte de recién nacidos en hospitales del IMSS en Guadalajara y Durango no puede, ni debe, reducirse a una estadística, a un comunicado oficial o a una investigación administrativa. Hay que tener plena conciencia que detrás de cada pequeño cuerpo hay una familia, una esperanza y una vida que apenas comenzaba. Por eso considero que, antes de buscar culpables, debemos exigir respuestas; antes de repartir responsabilidades, debemos preguntarnos si nuestras instituciones tienen verdaderamente una cultura de prevención y si los ciudadanos entendemos los riesgos que entraña una estancia hospitalaria.
Me permito hacer una pregunta de fondo que sin duda es incómoda, pero necesaria:
¿Estamos administrando adecuadamente los riesgos dentro de nuestros hospitales?
Porque una institución de salud no solamente debe diagnosticar y curar enfermedades. También tiene la obligación de identificar los riesgos que ella misma puede generar o permitir durante el proceso de atención.
Un hospital es, por naturaleza, un espacio de alta complejidad. Convergen pacientes vulnerables, medicamentos, equipos especializados, procedimientos invasivos, microorganismos, sustancias, instalaciones hidráulicas y eléctricas, residuos biológicos, personal médico y administrativo, además de factores humanos y organizacionales.
Por ello, administrar un hospital también significa administrar riesgos.
Y aquí aparece una diferencia fundamental entre reaccionar ante una emergencia, mitigarla y prevenirla.
La reacción comienza después de que algo ocurrió. La prevención comienza preguntándose qué puede ocurrir, con qué probabilidad y cuáles serían sus consecuencias, y por lo tanto, tomar las medidas suficientes y necesarias para evitarlas o disminuir su impacto.
Ese es precisamente el sentido del análisis de riesgos.
No se trata de llenar formatos ni de elaborar manuales que permanecen archivados. Se trata de identificar amenazas, establecer controles, medir resultados y actuar cuando aparece una señal de alerta. Cada centro hospitalario debe tener una matriz de riesgos para identificar sus amenazas y un atlas de riesgos para ubicar los posibles lugares en que pueden ocurrir.
En una unidad de cuidados intensivos neonatales, donde se atiende a pacientes particularmente vulnerables, la prevención no puede ser una recomendación administrativa. Tiene que ser una condición permanente de operación.
La higiene de manos, la esterilización, la limpieza, el manejo de dispositivos médicos, la calidad del agua, la ventilación, la cadena de suministro de medicamentos y material de curación, el mantenimiento de equipos, la vigilancia epidemiológica y la capacitación del personal no son asuntos secundarios. Son barreras de seguridad.
Cuando una de esas barreras falla, debe existir otra. Y cuando varias fallan simultáneamente, la institución debe tener mecanismos para detectarlo antes de que el daño sea irreversible.
Por eso, la pregunta no debe limitarse a saber quién se equivocó, debemos preguntarnos también: ¿Qué sistema permitió que el riesgo llegara hasta el paciente? Esta diferencia es fundamental.
Buscar únicamente al responsable individual puede resolver una parte del problema; identificar las fallas del sistema puede evitar que vuelva a ocurrir.
Una institución verdaderamente responsable aprende de sus errores, incluso de aquellos que no llegaron a producir una tragedia. Registra incidentes, analiza tendencias, escucha al personal, investiga señales de alerta y corrige antes de que aparezca el daño.
En administración existe una regla elemental: lo que no se identifica no puede controlarse; lo que no se mide no puede mejorarse.
Y en materia de salud esta regla adquiere una dimensión ética, ya que el costo de una falla administrativa puede ser una vida humana.
Las investigaciones sobre lo ocurrido en Guadalajara y Durango deberán determinar con rigor científico qué sucedió, cuáles fueron las causas, qué factores contribuyeron y si existieron responsabilidades por acción u omisión. No me corresponde anticipar conclusiones que solamente pueden establecerse mediante evidencia.
Pero sería irracional aceptar que hay que esperar que concluyan las investigaciones para aprender la lección y que no se estén realizando acciones preventivas en otras unidades médicas. El aprendizaje institucional comienza desde ahora.
México necesita fortalecer una política de gestión integral de riesgos hospitalarios, con indicadores de seguridad, auditorías clínicas independientes, vigilancia epidemiológica, protocolos verificables, capacitación permanente y sistemas de alerta temprana.
Y esa política debe aplicarse no solamente en el IMSS, sino en todas las instituciones que prestan servicios de salud, públicas y privadas, porque la seguridad del paciente no puede depender de la suerte, de la experiencia individual de un médico o de la buena voluntad de un funcionario; Debe depender de sistemas debidamente estandarizados.
Un sistema serio no espera a que muera un paciente para descubrir que existía un riesgo; Un sistema serio detecta el riesgo, lo califica, establece controles, asigna responsables y verifica que las medidas funcionen.
Esa es la diferencia entre administrar una institución y solamente ostentarse como tal. Es aprender a ser útil, en vez de sentirse importante.
También debemos entender que la transparencia forma parte de la seguridad. Las familias tienen derecho a conocer qué ocurrió. Pero la sociedad también tiene derecho a saber qué aprendió la institución y qué medidas concretas se implementarán para evitar que una tragedia semejante vuelva a repetirse.
Porque una investigación que solamente determina culpables, pero no modifica procesos, puede cerrar un expediente, pero no necesariamente evita una nueva tragedia.
La verdadera rendición de cuentas debe responder tres preguntas:
¿Qué ocurrió?, ¿Por qué ocurrió?, y
¿Qué vamos a cambiar para que no vuelva a ocurrir?
La tercera pregunta es quizá la más importante.
Los niños que fallecieron en Guadalajara y Durango no pueden regresar. Pero su muerte no debe convertirse solamente en una cifra dentro de un informe.
Si de esta tragedia surge una revisión profunda de los sistemas de seguridad hospitalaria, si se mejoran los protocolos, si se corrigen deficiencias, si se incorporan mecanismos de alerta temprana y si se desarrolla una auténtica cultura de prevención, entonces al menos habremos convertido el dolor en aprendizaje institucional.
Porque gobernar también significa prevenir y Administrar también significa anticiparse.
Y cuando se administra un hospital, la prevención no es solamente una técnica de gestión. Es una obligación moral.
Hay decisiones que se pueden corregir mañana. Un presupuesto puede modificarse, un procedimiento puede repetirse, una obra puede repararse, pero una vida perdida no tiene segunda oportunidad; Por eso, la gran lección de Guadalajara y Durango no debe ser solamente investigar después de la tragedia, debe ser aprender a identificar el riesgo antes de que se convierta en tragedia.
Porque cuando una institución espera a que ocurra el daño para comenzar a administrar el riesgo, ya no está previniendo. Está administrando las consecuencias.
El análisis de riesgos no es un simple asunto burocrático; es una herramienta para tomar decisiones antes de que el riesgo se convierta en pérdida.