Segunda entrega de la serie “Acapulco desde los derechos humanos”
Imaginario social, adaptación y políticas públicas en una ciudad que ha aprendido a vivir alrededor de sus problemas
Esta segunda entrega de la serie cambia de enfoque. Ya no se trata de un servicio público en particular, sino de algo más difícil de medir: la manera en que una ciudad aprende a convivir con sus propios problemas hasta dejar de percibirlos como tales.
A partir de tres escenas cotidianas —el comercio ambulante, la basura y la reconstrucción pendiente—, este artículo explora la diferencia entre lo que una sociedad ha aprendido a considerar normal y lo que el derecho está obligado a garantizar. Son dos cosas distintas, y conviene no confundirlas.
Dr. José Manuel Linares EspilDoctor en Derecho con línea de investigación en Políticas Públicas y Derechos Humanos
Unos días después de que un operativo retira a los vendedores ambulantes de la Costera Miguel Alemán, las lonas, las mesas y las sombrillas vuelven a aparecer en el mismo tramo de banqueta. Nadie se sorprende. Ni el comerciante que regresa, ni el vecino que lo ve pasar, ni la autoridad que anuncia, semanas después, un nuevo operativo.
Ese pequeño ciclo —retiro, regreso, nuevo retiro— se repite en Acapulco con basura, con agua, con banquetas, con escuelas dañadas por un huracán que ya cumplió casi dos años. Y quizá por repetirse tanto, ha dejado de parecernos extraño.
Ahí está la pregunta que de verdad importa: ¿qué pasa con una ciudad cuando comenzamos a imaginar como normal aquello que nunca debió serlo?
Tres escenas, un mismo mecanismo
Conviene mirar tres situaciones muy distintas entre sí, porque no comparten causa ni responsables, pero sí comparten algo más profundo: la manera en que la ciudad ha aprendido a convivir con ellas.
La primera es el espacio público. En la Costera, tras el Tianguis Turístico y la temporada vacacional de Semana Santa de 2026, autoridades municipales desalojaron a alrededor de 125 comerciantes —muchos de ellos de origen indígena— para liberar banquetas y accesos. Semanas después, cientos de vendedores habían vuelto a ocupar los mismos tramos, y el Gobierno municipal reactivó el operativo. En agosto, la Dirección de Vía Pública notificaba nuevamente a comerciantes ambulantes sobre resoluciones judiciales que les impedían reinstalarse. El patrón no es nuevo ni exclusivo de este año: ocurre, con distintos nombres y distintas calles, prácticamente cada temporada alta.
Aquí no hay una sola causa ni un solo responsable. Detrás de cada puesto puede haber desempleo, migración interna, falta de oportunidades formales o simplemente la manera en que una familia ha sostenido su economía durante años. Y enfrente está el derecho colectivo a la movilidad, a la accesibilidad y al uso común del espacio público. No es un problema que se resuelva “retirando vendedores”: es una tensión legítima entre derechos que una política pública sostenida —no un operativo antes de cada evento turístico— tendría que atender.
La segunda escena es la basura. Acapulco traslada, según cifras oficiales, un promedio de 800 toneladas de residuos por jornada en temporada baja, cifra que sube hasta 950 en fines de semana vacacionales. Pero el dato más revelador no es el volumen total, sino algo más pequeño: en agosto de 2026, El Sol de Acapulco documentó que ciertos “puntos negros” de acumulación de basura tienen que ser atendidos hasta tres veces en un mismo día. Se limpia, reaparece, se limpia otra vez. Aquí sí aparece con claridad la corresponsabilidad ciudadana: alguien vuelve a depositar esos desechos fuera de horario o fuera de los puntos de recolección. El municipio limpia; la costumbre repone.
La tercera escena es la reconstrucción. A casi dos años de los huracanes Otis y John, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) denunciaba en junio de 2026 que más de 150 planteles educativos seguían con obras inconclusas. Aquí el peso recae de manera distinta: no es la costumbre ciudadana lo que explica la demora, sino la capacidad institucional y la eficacia de las políticas de reconstrucción para sostenerse más allá del momento en que la emergencia dejó de ocupar los titulares.
Basura, ambulantaje y escuelas dañadas no son el mismo problema ni merecen la misma explicación. Lo que comparten es el mecanismo: algo que comenzó siendo una emergencia o una anomalía terminó incorporándose al funcionamiento cotidiano de la ciudad.
Cuando lo excepcional se vuelve rutina
Hay una idea sencilla, pero que rara vez decimos en voz alta: una ciudad también se construye con aquello que sus habitantes aprenden a considerar normal.
Con el tiempo, la repetición de estas escenas produce frases compartidas que probablemente el lector reconozca: “así es Acapulco”, “ahorita lo quitan y mañana vuelve”, “para qué denunciar, si de todos modos no cambia nada”, “cuando hay temporada, lo arreglan”. Esas frases no describen simplemente lo que ocurre; también moldean lo que esperamos que ocurra. Y ahí está el punto más delicado: cuando una sociedad deja de esperar que un problema se resuelva, deja también de exigir con la misma fuerza que se resuelva.
Ese conjunto de ideas, frases, expectativas y significados compartidos forma parte de lo que las ciencias sociales denominan imaginario social: la manera colectiva en que una sociedad interpreta su realidad y termina también imaginando qué puede esperar de ella.
Esto no equivale a decir que los acapulqueños seamos conformistas. Ocurre casi lo contrario: la población se adapta, y esa adaptación —cambiar de ruta, guardar agua, esquivar al vendedor en la banqueta, llevar la basura a otro punto, resolver por cuenta propia lo que el servicio público no resuelve— es una respuesta racional y muchas veces necesaria ante una ciudad que ha vivido, en muy pocos años, sismos, huracanes y crisis financieras de sus organismos operadores. El problema no es que la gente se adapte. El problema es lo que esa adaptación, sostenida durante años, termina normalizando.
Lo preocupante no es solamente acostumbrarnos a que algo funcione mal; es llegar a olvidar que podría funcionar de otra manera.
Y esta dinámica no ocurre solo del lado ciudadano. También las instituciones pueden desarrollar su propia forma de habituación. Cuando el mismo “operativo extraordinario” —contra la basura, contra el comercio informal, contra la ocupación de banquetas— tiene que repetirse mes tras mes, año tras año, quizá ya no estamos frente a una emergencia, sino frente a una política pública que corre el riesgo de administrar repetidamente las consecuencias sin conseguir transformar las causas.
Dos Acapulcos, una misma ciudad
Existe además una tensión adicional, más antropológica que jurídica: el Acapulco construido históricamente hacia afuera —playa, bahía, Costera, vacaciones— y el Acapulco que se habita puertas adentro, con sus rutinas, sus esperas y sus adaptaciones. No son necesariamente dos ciudades distintas, pero sí pueden ser dos representaciones distintas de una misma ciudad, y conviene no perder de vista que quienes construyen y sostienen el imaginario turístico —con su derecho al trabajo y su lugar legítimo en la economía del puerto— muchas veces son los mismos que negocian a diario con el imaginario cotidiano de la escasez.
Lo normal y lo debido
Aquí conviene una distinción que puede parecer obvia, pero que merece decirse con toda claridad: que algo sea normal no significa que sea correcto. Y mucho menos que sea conforme a derecho.
La normalidad sociológica —lo que una sociedad ha aprendido a esperar, tolerar o dar por sentado— y la normalidad jurídica —lo que el Estado está obligado a garantizar— no son la misma cosa, y no tienen por qué coincidir. Que una colonia lleve años sin un servicio adecuado no convierte esa carencia en jurídicamente aceptable, por más que se haya vuelto parte del paisaje cotidiano.
Ahí está, quizá, una de las funciones menos comentadas de los derechos humanos: no solo obligan al Estado a actuar, también existen para impedir que la costumbre social termine rebajando el estándar de lo que es legítimo exigir. Cuando una comunidad deja de esperar que las cosas cambien, la presión social sobre las instituciones también disminuye —y con ella, paradójicamente, se debilita uno de los motores más efectivos para que el cambio ocurra.
La ciudad que aprendimos a esperar
El problema no es que Acapulco tenga dificultades: casi ninguna ciudad grande del mundo está libre de ellas. El problema es qué tan fácil resulta, con el paso de los años, dejar de verlas como dificultades y empezar a verlas como identidad.
Quizá la pregunta que esta serie quiere dejar abierta no es únicamente jurídica ni únicamente sociológica, sino ambas a la vez: ¿qué pasa con una ciudad —y con sus derechos— cuando comenzamos a imaginar como normal aquello que nunca debió serlo?
¿Qué dice la sociología?
El concepto de imaginario social explica que las sociedades no solo viven la realidad material, también construyen un conjunto de sentidos compartidos que les permiten interpretarla y darle continuidad —ideas sobre qué es “normal”, qué es “propio de aquí” y qué merece o no una reacción colectiva. Ese imaginario no describe pasivamente los hechos: también orienta cómo una comunidad responde ante ellos, y puede modificarse con el tiempo, para bien o para mal.
A ese proceso de construcción de sentido compartido, la sociología lo estudia desde distintas tradiciones —desde el concepto de imaginario social instituyente hasta la teoría de las representaciones sociales—, pero su utilidad para Acapulco es sencilla: entender por qué ciertos problemas dejan de generar indignación colectiva no habla necesariamente de indiferencia, sino de un proceso más largo de adaptación cultural frente a la repetición.
¿Qué dice la ley?
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 1.º y 4.º: reconocen que toda persona goza de los derechos humanos previstos en la Constitución y en los tratados internacionales, y que las autoridades tienen la obligación de promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos, sin que la tolerancia prolongada de una deficiencia extinga esa obligación.
Principio de progresividad y no regresividad (derecho internacional de los derechos humanos): las autoridades tienen el deber de avanzar progresivamente hacia una mayor protección y efectividad de los derechos humanos y, como regla, evitar retrocesos injustificados. La persistencia histórica de una carencia no la convierte, por sí misma, en jurídicamente aceptable ni releva a las autoridades de sus obligaciones.
La consecuencia es clara: el paso del tiempo y la costumbre social no sustituyen la obligación del Estado. Que una carencia se vuelva familiar no la vuelve exigible en menor medida.