Por Lic. Christian Manuel Patiño Bello
Durante muchos años, la relación entre la ciudadanía y las corporaciones policiales se ha ido deteriorando de manera preocupante. Lo que antes debía estar basado en el respeto mutuo y la confianza institucional, hoy con frecuencia se transforma en confrontación, descalificación y desconfianza.
Es común escuchar comparaciones entre la policía mexicana y la de otros países, como Estados Unidos, donde los protocolos de intervención suelen aplicarse con mayor rigor y existe una percepción social de mayor respeto hacia la autoridad durante los procedimientos policiales. Independientemente de las diferencias entre ambos sistemas, surge una pregunta inevitable: ¿por qué en México se ha debilitado el respeto hacia la función policial?
La respuesta no es sencilla ni puede atribuirse únicamente a los ciudadanos o exclusivamente a los policías. Se trata de un problema que se ha construido durante décadas y en el que también existe una responsabilidad institucional.
Durante años, los gobiernos de los tres órdenes han descuidado la profesionalización de sus cuerpos policiales. Sin embargo, son principalmente las corporaciones municipales y estatales las que enfrentan mayores rezagos en materia de capacitación, actualización y desarrollo profesional. En muchos casos, el policía aprende sobre la marcha, enfrentando situaciones de alto riesgo sin contar con la preparación suficiente para responder conforme al marco jurídico vigente.
Un policía moderno no debe ser únicamente una persona con uniforme y equipo. Debe ser un verdadero profesional de la seguridad pública, capacitado de manera permanente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y los protocolos que regulan su actuación. Solo mediante una formación sólida podrá ejercer su autoridad con seguridad jurídica, proteger los derechos de las personas y cumplir eficazmente con su deber.
Paradójicamente, cuando un elemento policial actúa conforme a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y racionalidad que establece la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, en muchas ocasiones su intervención es cuestionada de inmediato. No son pocos los casos en los que, antes de conocer los hechos completos, el policía es señalado públicamente de haber excedido sus facultades o de haber vulnerado derechos humanos.
Lo anterior no significa que toda actuación policial sea correcta ni que deba quedar libre de supervisión. Cuando un servidor público abusa de su autoridad o actúa fuera del marco legal, debe ser investigado y sancionado conforme a derecho. Esa es una exigencia propia de un Estado democrático.
Sin embargo, también debemos reconocer que miles de policías cumplen diariamente con su responsabilidad enfrentando escenarios complejos, con recursos limitados y bajo una enorme presión jurídica y social. Un solo error puede representar el fin de una carrera construida durante años, aun cuando su actuación haya tenido como propósito proteger la vida, preservar el orden o salvaguardar la integridad de terceros.
El problema de fondo no radica únicamente en la conducta del policía o del ciudadano. También existe una falta de cultura de la legalidad. Muchos ciudadanos desconocen cuáles son sus derechos durante una intervención policial, pero también ignoran las obligaciones que tienen frente a una autoridad que actúa legítimamente dentro del marco de la ley.
Recuperar el respeto entre ciudadanía y policía exige un esfuerzo compartido. El Estado debe invertir decididamente en la profesionalización, certificación, capacitación continua y dignificación de la función policial. Al mismo tiempo, la sociedad debe comprender que el respeto hacia la autoridad legítimamente constituida no representa una renuncia a sus derechos, sino una condición indispensable para la convivencia pacífica y el fortalecimiento del Estado de Derecho.
El respeto no nace del miedo ni de la imposición. Se construye cuando el Estado forma policías profesionales, cuando los servidores públicos actúan con legalidad y cuando los ciudadanos comprenden que la autoridad legítima no es un enemigo, sino un pilar indispensable para la paz social.
Mientras no entendamos que la seguridad pública es una responsabilidad compartida, seguiremos observando enfrentamientos innecesarios entre quienes tienen el deber de proteger y quienes esperan ser protegidos. Sin policías profesionales no habrá seguridad; sin ciudadanos comprometidos con la legalidad y el respeto institucional, tampoco habrá un verdadero Estado de Derecho.