Por Lic. Karla Elizabeth González Ramírez
Casos Prácticos Analizados por el Colegio de Abogados del Estado de Guerrero
“Vivos se los llevaron. Vivos los queremos”, es la consigna coreada para demandar a las autoridades, a la duda aún irresuelta sobre el destino de los 43 jóvenes de la Normal Ayotzinapa desaparecidos. Los Normalistas desaparecidos de la escuela rural Ignacio Isidro Burgos, se han convertido en un símbolo de los miles de inocentes desaparecidos en México y para cualquier victima de la guerra contra el crimen.
El drama de la violencia en México, no solo ha generado temor e incredulidad en los órganos de gobierno; también la participación activa de los grupos sociales en asuntos públicos, motivados por la creencia de vivir en una dualidad social, donde el gobierno forma una parte y la sociedad afectada por la violencia la otra parte. Donde en los escenarios de conflictos sociales se ve como única salida la toma de acciones violentas, mismas de las cuales se pide el cese y el esclarecimiento.
Las violencias sea cual sea la fuente de origen, causan inestabilidad y daños profundos a la sociedad en su conjunto, dejando una estela de victimas. La perspectiva psicosocial dialoga con las categorías de los derechos humanos que se ha tomado para comprender mejor las consecuencias de los Conflictos sociales. La impunidad es vista como obstáculo para establecer la justicia y restituir el orden simbólico de un mundo fracturado por estos actos sociales.
Ayotzinapa un conflicto Social mal gestionado por nuestras autoridades, donde se recurrió a las tradicionales tácticas de poder, tan abolidas en tratados internacionales. Sin lugar a dudas, en los conflictos sociales como éste, se pone en evidencia problemas recurrentes hemos arrastramos. Las necesidades básicas insatisfechas, limitada participación en la vida pública de los grupos más vulnerables, falta de mecanismos para plantear demandas ponen de manifiesto escenarios sociales, donde se demanda. La sociedad es testigo de la falta del manejo asertivo de las situaciones, y de las acciones violentas que tomamos en aras de demandar un derecho.
La pregunta no se estar a favor o en contra, es necesario plantearse directrices que aborden la prevención y adecuada gestión de la conflictividad social. Ayotzinapa nos deja claro que urge la implementación de políticas efectivas orientadas al logro de la equidad y la inclusión, constituyen condiciones básicas para la gobernabilidad de un país. La eficaz intervención de los gobierno en la gestión de los conflictos sociales resulta fundamental, en tato que se encuentren mas próximos a la población afectada por una problemática, unidos para la solución y no muestren un país dividido y desamparado.
Se habla de programas de paz, pero se percibe difícil y lejano, que se estructuren programas para atender a todas las partes implícitas en un conflicto social. Las víctimas del conflicto social Ayotzinapa, perciben a la impunidad como un estímulo traumático que revive el dolor y detona la aparición de emociones como la angustia, enojo, tristeza, desamparo, rabia e impotencia.
Los sentimientos que experimentan los familiares transita desde la confusión y el miedo, hasta el terror y el vacío. La desaparición forzada crea un vacío que pone en tensión el sistema simbólico de los familiares. La imposibilidad de representar la ambigüedad de “ni vivo, ni muerto”, se manifiesta en sentimientos tales como desesperación, desquicio, dolor profundo.
El gran desafío consiste en poner en la intervención temprana en el conflicto social e integral; es decir cuando recién se está expresando la problemática y antes que haya escalado a niveles críticos, sin normalizar ninguna manifestación, ni minimizarla. Implementar escenarios de expresión o modelos de abordaje para las personas que se manifiestan. La educación emocional en las escuelas y el tratamiento a edades tempranas de las violencias.
Ayotzinapa sigue siendo un tema pendiente, y la exigencia por saber qué ocurrió verdaderamente con los estudiantes desaparecidos no debe, de ninguna forma, de extinguirse. Los desafíos que presenta el Estado Guerrero es crear Políticas Publicas con enfoque de Pacificación y estructurar protocolos de atención integral. Generar acciones especificas que reivindiquen, no se puede simplemente negociar, se debe tener una visión de cambio que nos diriga hacia la condensación metafórica de la completa reestructuración de todo el espacio social.