Jorge Laurel González
El poder supremo debe ser dividido en tres partes, cada una de las cuales debe ser confiada a personas diferentes: una para la deliberación, otra para la ejecución y otra para el juicio.
Cicerón, De Re Publica (Estadista romano 106 – 43 a. C.).
La división de poderes es un principio fundamental de la democracia moderna que se basa en la separación de los poderes del Estado en tres ramas distintas e independientes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Este principio fue desarrollado por filósofos políticos como Montesquieu y John Locke, y ha sido implementado en muchos países alrededor del mundo como una forma de evitar el abuso de poder y la corrupción.
El poder ejecutivo es el encargado de administrar el gobierno y poner en práctica las leyes. En la mayoría de los países, el poder ejecutivo está representado por el jefe de estado o el presidente, y su gabinete de ministros. El poder ejecutivo es responsable de la aplicación de las políticas públicas, la administración de los servicios públicos y la gestión de la economía del país.
El poder legislativo es el encargado de crear y modificar las leyes. En los sistemas democráticos, el poder legislativo está representado por un cuerpo de representantes electos por el pueblo. El poder legislativo tiene la capacidad de controlar al poder ejecutivo, mediante el establecimiento de leyes y la aprobación de presupuestos.
El poder judicial es el encargado de interpretar las leyes y de administrar justicia en el país. El poder judicial está conformado por jueces y tribunales, y es independiente del poder ejecutivo y del poder legislativo. La función principal del poder judicial es la de garantizar la protección de los derechos y libertades individuales de los ciudadanos, y de hacer cumplir las leyes en casos de conflicto.
La división de poderes tiene como objetivo principal el de evitar la concentración del poder en manos de un solo individuo o de un grupo pequeño de personas. Al separar los poderes del Estado, se garantiza que cada rama del gobierno tenga un rol específico y que ninguna de ellas tenga el poder absoluto sobre las demás. Además, la división de poderes permite una mayor transparencia y rendición de cuentas, ya que cada rama del gobierno puede supervisar y controlar las acciones de las demás.
Sin embargo, a pesar de sus beneficios, la división de poderes también puede presentar algunos desafíos. Una de las principales críticas a la división de poderes es que puede generar conflictos y retrasos en la toma de decisiones, especialmente en situaciones de emergencia. Además, si una de las ramas del gobierno se vuelve demasiado poderosa, puede obstaculizar el trabajo de las otras ramas y generar un estancamiento en el funcionamiento del Estado.
La división de poderes es un principio fundamental de la democracia moderna que busca garantizar la separación de los poderes del Estado en tres ramas distintas e independientes.
Aunque presenta algunos desafíos, su implementación ha demostrado ser una forma efectiva de evitar el abuso de poder y la corrupción, y de garantizar la protección de los derechos y libertades individuales de los ciudadanos.
Robert Dahl, uno de los politólogos más influyentes del siglo XX, es conocido por su contribución a la teoría democrática y por su definición de la democracia como un régimen de pesos y contrapesos.
Para Dahl, la democracia no se reduce simplemente a la celebración de elecciones libres y justas, sino que se trata de un sistema político en el que hay un equilibrio de poder entre los distintos actores políticos y sociales. Este equilibrio se alcanza mediante un sistema de pesos y contrapesos, que impide que ningún actor tenga un poder absoluto y, por tanto, control total sobre las decisiones políticas. Los pesos y contrapesos se refieren a los distintos mecanismos institucionales que limitan el poder de los actores políticos, ya sea el poder del gobierno, de los partidos políticos o de otros grupos de interés.
Estos mecanismos incluyen la separación de poderes, la independencia judicial, la libertad de expresión y de prensa, la libertad de asociación, la capacidad de los ciudadanos para participar en la toma de decisiones y el sistema de elecciones libres y justas.
En la democracia de pesos y contrapesos, los actores políticos tienen la capacidad de influir en la toma de decisiones, pero no tienen un control total sobre ellas. Por lo tanto, se asegura que los intereses de todos los actores políticos, incluyendo las minorías y los grupos marginados, sean tenidos en cuenta en la toma de decisiones políticas. La democracia de pesos y contrapesos es importante en la comprensión de la política contemporánea porque permite una evaluación crítica del sistema político.
Al analizar cómo funcionan los pesos y contrapesos, es posible identificar las deficiencias y los desafíos en la democracia. Además, la teoría de Dahl puede ser utilizada para evaluar el grado de democracia en un país, ya que la presencia de pesos y contrapesos es un indicador de la calidad de la democracia.
La teoría de Dahl también ha sido criticada por su enfoque en las instituciones formales y su falta de atención a los factores sociales y económicos que influyen en la política. En particular, algunos críticos argumentan que la democracia de pesos y contrapesos puede ser insuficiente para proteger los derechos de las minorías y los grupos marginados que pueden estar excluidos del sistema político.
Robert Dahl hizo una importante contribución a la teoría democrática al definir la democracia como un régimen de pesos y contrapesos. La teoría de Dahl destaca la importancia de los mecanismos institucionales que limitan el poder y aseguran la participación de todos los actores políticos en la toma de decisiones. A pesar de las críticas, la teoría de Dahl sigue siendo relevante para la comprensión de la democracia contemporánea y para evaluar la calidad de la democracia en un país.
La resolución de la suprema corte en una votación definitiva de 9 a 2, en el tema del mandato de desvinculación de la Guarda Nacional de la Secretaría de Defensa Nacional, manda un claro mensaje al ejecutivo, de que la corte se regirá por el mandato constitucional, cuidando y velando por las instituciones, sin importar las posturas ideológicas del ejecutivo federal y de su gabinete. El impulsar manifestaciones y encono hacia la corte y en especial hacia la presidenta de la SCJN, es un error táctico, que se le puede revertir a nuestro presidente.
Recordemos que solamente Juntos, Logramos Generar: Propuestas y Soluciones.
JLG