Por Lic. Christian Patiño
En México se ha vuelto costumbre nombrar militares como titulares de Secretarías de Seguridad Pública y, en algunos casos, incluso en espacios de procuración de justicia. Se vende como una solución inmediata frente a la crisis de inseguridad. Pero hay que decirlo con claridad: no es una solución de fondo, es una salida fácil que debilita a las instituciones civiles.
Nadie pone en duda la disciplina, el honor ni la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas. Su formación es sólida y su compromiso con la nación es incuestionable. El problema no es su capacidad, sino el lugar donde se les está colocando.
La seguridad pública en México, por mandato constitucional, es una función civil. No es un detalle menor, es un principio fundamental. El artículo 21 de la Constitución establece que las instituciones de seguridad deben regirse por legalidad, profesionalismo y respeto a los derechos humanos. Además, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública es clara: el camino es la profesionalización policial, no la sustitución de policías por militares.
Entonces surge una pregunta incómoda pero necesaria:
¿cómo puede dirigir una corporación policial quien no se formó dentro de ella ni bajo su marco normativo?
Las policías y las fiscalías no son cuarteles. Son instituciones complejas que requieren conocimiento técnico del sistema penal, del Bando de Policía y Gobierno, de protocolos de actuación, de proximidad social y de atención a víctimas. Requieren sensibilidad, contacto ciudadano y experiencia en la operación cotidiana del delito, no solo en su contención.
Un mando militar puede ser extraordinario en el ámbito castrense, pero eso no lo convierte automáticamente en un buen secretario de seguridad pública o en un perfil idóneo para la procuración de justicia. Son lógicas distintas, formaciones distintas y objetivos distintos. Forzar esa transición no fortalece a las instituciones: las desnaturaliza.
El verdadero problema es otro, y es más profundo:
México no ha querido apostar seriamente por su policía.
Se prefiere traer perfiles externos antes que invertir en la carrera policial. Antes que formar mandos desde abajo, con experiencia real, evaluaciones constantes y conocimiento del territorio. Antes que cumplir lo que la propia ley establece: un Servicio Profesional de Carrera que permita a los policías crecer, especializarse y dirigir sus instituciones.
Militarizar los mandos no corrige la debilidad institucional; la oculta temporalmente. Es una medida política, no una solución técnica. Funciona para enviar un mensaje de “control”, pero no construye capacidades duraderas ni resuelve el problema de fondo.
Si México quiere tomarse en serio la seguridad pública, debe dejar de improvisar. La ruta no es desplazar a lo civil, sino fortalecerlo. Profesionalizar a la policía, dignificar su carrera, exigir resultados con base en mérito y consolidar instituciones que no dependan de soluciones extraordinarias.
Porque al final, la pregunta no es si los militares pueden hacerlo.
La pregunta es: ¿por qué nuestras policías no están siendo preparadas para hacerlo ellas mismas?