Por Lic. Christian Patiño
Acapulco vive hoy una realidad incómoda que pocos quieren nombrar con precisión jurídica: no estamos ante la ausencia de leyes, sino frente a su sistemático incumplimiento. La ciudad no es un “pueblo sin ley” en sentido formal, sino un espacio donde la norma ha sido sustituida por la costumbre del desorden, la omisión de la autoridad y la tolerancia social a la ilegalidad.
Las riñas entre conductores, cada vez más frecuentes en las principales avenidas, no son hechos aislados ni producto exclusivo del estrés urbano. Son la consecuencia directa de una anomia social —en términos de Émile Durkheim— donde las reglas han perdido eficacia real sobre la conducta colectiva.
El derecho existe… pero no se ejerce
El artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho al libre tránsito. Sin embargo, este derecho ha sido malinterpretado como una licencia para el desorden. Jurídicamente, el libre tránsito está condicionado al respeto de las disposiciones administrativas que garantizan la seguridad vial.
En este contexto, obstaculizar vías de comunicación, detenerse en lugares prohibidos o generar riesgos a terceros no solo constituye una infracción administrativa, sino que puede escalar a responsabilidades legales conforme a la normativa local.
El problema en Acapulco no es la falta de marco jurídico, sino la ausencia de Estado en su función más elemental: hacer cumplir la ley.
Reingeniería administrativa: entre la intención y la simulación
La creación de la coordinación de movilidad y transporte, separando funciones de la policía vial, parecía responder a modelos modernos de gestión pública. En teoría, implicaba una división racional del trabajo institucional: operación por un lado, planeación técnica por otro.
Sin embargo, en la práctica, esta medida ha derivado en lo que en derecho administrativo se conoce como simulación institucional: estructuras que existen formalmente, pero carecen de eficacia material.
Las áreas de educación vial, ingeniería de tránsito, control de licencias e infracciones operan con debilidad estructural o, en algunos casos, con franca inactividad. El resultado es predecible: una ciudad sin dirección técnica en materia de movilidad.
La corresponsabilidad ignorada
Sería simplista atribuir toda la responsabilidad al gobierno. El ciudadano acapulqueño también ha normalizado conductas contrarias al orden jurídico:
* Exigir ascensos y descensos fuera de paradas oficiales
* Invadir carriles en doble o triple fila
* Ignorar señalamientos viales
* Priorizar la conveniencia personal sobre el interés colectivo
Aquí radica uno de los mayores fracasos del sistema: la ausencia de una política pública efectiva de educación vial. No basta con reglamentar; es indispensable formar.
La implementación de programas de concientización directa —incluso bajo esquemas personalizados— podría generar un cambio gradual en la conducta social. Pero hoy, esa estrategia simplemente no existe.
Motocicletas y transporte pesado: la omisión que cuesta vidas
El aumento exponencial del uso de motocicletas en Acapulco ha venido acompañado de un incremento alarmante en accidentes y muertes. La ecuación es clara: falta de regulación + inexperiencia + nula supervisión = riesgo permanente.
A ello se suma la circulación de vehículos pesados en zonas turísticas y carriles de alta velocidad, muchas veces sin restricción alguna. Esta omisión no es menor: implica una responsabilidad directa de la autoridad por permitir condiciones de riesgo previsibles.
Gobernar sin escuchar: una constante histórica
En Guerrero, la toma de decisiones en materia pública ha estado tradicionalmente centralizada, marginando a los comités ciudadanos y organizaciones civiles. Este modelo no solo es obsoleto, sino ineficiente.
La evidencia comparada demuestra que los esquemas de gobernanza colaborativa generan mejores resultados. Sin embargo, en Acapulco, la participación ciudadana sigue siendo más un discurso que una realidad.
Gobiernos entran y salen; los problemas permanecen intactos.
Conclusión: el fracaso compartido
Acapulco no carece de leyes. Carece de autoridad efectiva y de ciudadanía comprometida. El problema no es normativo, es estructural y cultural.
El restablecimiento del orden requiere decisiones firmes:
* Aplicación real y constante de la ley
* Reestructuración funcional —no simulada— de la política de movilidad
* Regulación estricta del transporte y motociclistas
* Programas serios de educación vial
* Inclusión efectiva de la sociedad civil en la toma de decisiones
Sin estos elementos, cualquier intento de solución seguirá siendo parte del problema.
Porque cuando la ley no se aplica y la sociedad no la respeta, lo que existe no es libertad… es desorden.