LIC. SANDRA FLORES ORTIZ
La reinserción social en México representa uno de los mayores desafíos para el sistema penitenciario y la sociedad en general, toda vez que, el objetivo fundamental por el que se le priva de la libertad a la persona física tras la comisión de un delito, radica en lograr su reincorporación plena a la vida social y se conduzca, al finalizar su condena, conforme a las normas establecidas, sobre todo evitar la reincidencia; sin embargo, diversos factores estructurales y sociales dificultan este proceso.
Los retos que enfrentan las personas privadas de la libertad en México son complejos y multifactoriales, dado que las condiciones de hacinamiento que se tienen en la actualidad repercuten directamente en una afectación nada benéfica de las personas recluidas.
Aspectos como el mal funcionamiento institucional y las condiciones de vida penitenciarias, complican la reinserción social dado que la sobrepoblación genera condiciones insalubres; lo que conduce a condiciones inhumanas, propiciando actos de corrupción, toda vez que, quienes se encuentran privados de la libertad, se ven obligados a generar recursos de manera ilícita para tener acceso a servicios básicos; así, el mercadeo clandestino interno de artículos de higiene, alimentación rudimentaria, carencia de agua potable, medicinas, artículos de higiene, etc., afecta sistemáticamente el debido respeto a su dignidad humana.
A su vez, el acceso limitado a derechos básicos como la educación, el deporte, la salud y la capacitación laboral, afectan gravemente el proceso de la reinserción social.
Por otra parte, la reincidencia delictiva, constituye una problemática persistente que contribuye a la sobrepoblación y refleja la insuficiencia de recursos estatales para la reinserción social efectiva. Asimismo, el exceso de prisión preventiva como “medida cautelar” conduce a la sobrepoblación penitenciaria y limita las posibilidades de rehabilitación, perpetuando condiciones inhumanas.
Para lograr una sana reinserción social, se sugiere realizar depuración de la población existente dentro de las cárceles y buscar alternativas para la prisión en delitos menores; asimismo, el combate a la corrupción se lograría mediante la implementación de medidas efectivas para mejorar el desempeño y seguridad del personal penitenciario; así como establecer sistemas eficaces de prevención y sanción de actividades ilícitas al interior de los aludidos centros.
Al margen de lo anterior, se estima necesario garantizar la implementación y supervisión de programas educativos adecuados para el tratamiento de la readaptación por parte de la Secretaría de Educación Pública, desde la elemental alfabetización, hasta los niveles educativos básico, medio y superior.
Paralelamente, se estima indispensable crear espacios suficientes de esparcimiento para los internos ya que resulta prioritaria su movilidad corporal, lo que se lograría con la práctica de algún deporte, favoreciendo su salud física y mental. De igual forma, resulta elemental proveer de servicios terapéuticos y medicamentos adecuados, especialmente para grupos vulnerables.
El desarrollo de talleres debe ser indispensable en todos y cada uno de los internos para despertar en ellos habilidades técnicas; incluso, científicas donde se equilibre lo emocional y el aspecto intelectual; como elementos propios del ser humano, propiciando la reinserción y la disminución de casos de reincidencia.
En conclusión, la reinserción social de las personas privadas de la libertad en México sigue siendo un gran desafío, dado que para lograr una reincorporación efectiva resulta indispensable garantizar condiciones dignas; así como fomentar el respeto a los derechos humanos ciñéndonos a las normas nacionales e internacionales.
Solo así podríamos reconstruir los sistemas penitenciarios en nuestro país pugnando por la eficiencia y la justicia, con la que verdaderamente se contribuya a la seguridad y el bienestar social ya que, como bien lo sustenta Eugenio Raúl Zaffaroni, la pena no sirve para prevenir delitos.