Gustavo Torres Blanco
En las democracias contemporáneas, la legalidad suele presentarse como el criterio último de legitimidad. Sin embargo, existe una tensión persistente entre lo que la ley permite y lo que la moral exige. Esta tensión se vuelve particularmente evidente en fenómenos como el nepotismo electoral, donde la designación o promoción de familiares en cargos públicos puede no violar ninguna norma jurídica explícita, pero sí vulnerar principios éticos fundamentales.
En el caso específico de Guerrero nada limita, por el momento, el derecho constitucional de votar y ser votado en la elección del 27 pero, para ello, hay que sujetarse a las reglas del juego de acuerdo al partido en que por decisión personal se opte; si Morena establece un candado y hay un acuerdo debidamente aprobado, la opción es por otro instituto político. Pretender ignorar esa prohibición estatutaria, sería como impugnar la paridad de género o las acciones afirmativas, pues también limitan la participación de otros aspirantes no incluidos dentro de esos supuestos.
La frase “la moral inhibe lo que la ley permite” sintetiza esta problemática: no todo lo legal es moralmente aceptable, y en esa brecha se erosiona la confianza pública.
Desde la filosofía moral, esta distinción ha sido ampliamente desarrollada. Immanuel Kant sostenía que la moralidad no depende de las consecuencias ni de la conveniencia, sino del deber y de principios universales. Su imperativo categórico -actuar de tal modo que la máxima de la acción pueda convertirse en ley universal- ofrece una herramienta clara para evaluar el nepotismo. Si universalizáramos la práctica de favorecer a familiares en la vida política, el resultado sería un sistema profundamente inequitativo, donde el mérito y la competencia quedarían subordinados a los lazos de sangre. Bajo esta lógica, el nepotismo no puede justificarse moralmente, aunque la ley no lo prohíba expresamente.
Por otro lado, desde una perspectiva utilitarista, como la de John Stuart Mill, el análisis se centraría en las consecuencias de tales prácticas. El nepotismo electoral tiende a disminuir la calidad de la representación, limita la diversidad de perfiles y perpetúa élites cerradas. Aunque pueda ofrecer beneficios inmediatos a ciertos grupos, su impacto general es negativo: debilita la eficiencia institucional y socava la confianza ciudadana. Así, incluso bajo un enfoque consecuencialista, la permisividad legal del nepotismo resulta difícil de defender.
La cuestión adquiere mayor relevancia en contextos donde las leyes electorales presentan vacíos o ambigüedades. En muchos países, las normas contra el nepotismo están diseñadas para el ámbito administrativo, pero no necesariamente para el electoral. Esto permite que familiares de funcionarios o políticos se postulen y accedan a cargos sin restricciones formales. Aquí es donde la moral debería operar como un límite interno, una forma de autorregulación que complemente la insuficiencia normativa. Sin embargo, en la práctica, esta contención moral suele ser débil o inexistente.
La crítica al nepotismo electoral no implica negar el derecho de cualquier ciudadano a participar en política, independientemente de sus vínculos familiares. El problema no es la candidatura en sí, sino el uso de las redes del poder, influencia o recursos heredados que distorsionan la competencia democrática.
Cuando la ley no distingue entre participación legítima y ventaja indebida, corresponde a la ética pública trazar esa línea. En este sentido, la moral no es un adorno discursivo, sino una condición necesaria para la integridad del sistema político.
Autores contemporáneos han insistido en la importancia de la ética pública como complemento de la legalidad. La confianza en las instituciones no se construye únicamente mediante normas, sino también a través de prácticas que reflejen imparcialidad, transparencia y responsabilidad. El nepotismo, aun cuando sea legal, envía un mensaje contrario: que el acceso al poder depende más de quién se es que de lo que se puede aportar. Este mensaje erosiona el principio democrático de igualdad de oportunidades.
En conclusión, el nepotismo electoral ilustra con claridad la distancia entre legalidad y moralidad. La ley, por su naturaleza, no puede prever todas las formas de injusticia; por ello, la moral cumple una función indispensable como guía y límite. Recuperar esta dimensión ética no implica sustituir la ley, sino fortalecerla desde una conciencia crítica. En un contexto donde las normas pueden ser insuficientes o permisivas, la verdadera prueba de la democracia reside en la capacidad de sus actores para renunciar a lo legalmente posible en favor de lo moralmente correcto.
El reto ahora será contemplar el combate al tráfico de influencias para evitar el enquistamiento de camarillas y cofradías en el control del poder público.