Jorge Laurel González
De nuevo, no hay libertad, si la potestad de juzgar no está separada de la potestad legislativa y de la ejecutiva. Si estuviese unida a la potestad legislativa, el poder sobre la vida y la libertad de los ciudadanos sería arbitrario; debido a que el juez sería el legislador. Si se uniera a la potestad ejecutiva, el juez podría tener la fuerza de un opresor.
Charles De Secondat Montesquieu. Jurista francés. (1689 – 1755)
Las elecciones judiciales celebradas en México el 1 de junio de 2025 marcaron un hito histórico al permitir por primera vez la elección directa de más de 2,600 funcionarios del Poder Judicial, incluidos jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte. Sin embargo, este proceso, impulsado por el gobierno de Morena con el objetivo de democratizar la justicia, ha suscitado preocupaciones sobre la legitimidad, la independencia judicial y la concentración de poder. Uno de los aspectos más alarmantes de estas elecciones fue la escasa participación ciudadana, que apenas alcanzó entre el 12.57% y el 13.32% del padrón electoral. Este bajo nivel de involucramiento refleja una desconexión entre la ciudadanía y el proceso de reforma judicial. Factores como la complejidad del proceso, la falta de información sobre los candidatos y la percepción de que la elección no abordaba las preocupaciones reales de la población contribuyeron a este desinterés. Además, la inclusión de candidatos con perfiles controvertidos, como una exabogada de “El Chapo” y un narco convicto, así como otra candidata en el reclusorio, generó dudas sobre la seriedad y la preparación de los aspirantes, lo que pudo haber desalentado aún más la participación. Un elemento que evidenció la manipulación y la falta de información en el proceso electoral fue la distribución masiva de los llamados “acordeones”, guías de votación preelaboradas que indicaban a los votantes por quién debían sufragar. Estas listas, promovidas principalmente por simpatizantes de Morena, incluían nombres y números de candidatos afines al partido, y fueron ampliamente difundidas en redes sociales y en las inmediaciones de las casillas electorales. El Instituto Nacional Electoral (INE) recibió al menos 29 denuncias relacionadas con la distribución de estos “acordeones” y dictó medidas cautelares para inhibir su difusión, tanto en formato impreso como en línea. La consejera del INE, Claudia Zavala, calificó esta práctica como antidemocrática y contraria a los principios de equidad en la contienda electoral. La utilización de estos “acordeones” no solo refleja una estrategia de manipulación electoral, sino que también pone de manifiesto la falta de preparación e información de la ciudadanía respecto al proceso y a los candidatos. La complejidad de las boletas, con una gran cantidad de nombres desconocidos para la mayoría de los votantes, contribuyó a que muchos recurrieran a estas guías para emitir su voto, lo que cuestiona la autenticidad y la libertad del sufragio. La elección judicial también ha sido criticada por consolidar el control de un solo grupo político sobre los tres poderes del Estado. Con el Poder Ejecutivo y el Legislativo ya bajo la influencia de Morena, la renovación del Poder Judicial mediante elecciones populares ha sido vista por algunos como un intento de eliminar obstáculos a la agenda política del gobierno. Esta concentración de poder contraviene el principio fundamental de la separación de poderes, que busca evitar el abuso de autoridad mediante un sistema de frenos y contrapesos. Como argumentaba Montesquieu, “para que no se pueda abusar del poder, es preciso que el poder detenga al poder”. El politólogo Robert Dahl definía la democracia no solo como el gobierno del pueblo, sino como un sistema que garantiza la competencia política, la participación ciudadana y la protección de las libertades civiles. Su concepto de “poliarquía” enfatiza la necesidad de múltiples centros de poder y la existencia de instituciones independientes que puedan controlar y equilibrar el poder político. Desde esta perspectiva, la elección judicial en México plantea interrogantes sobre la salud de su democracia. La falta de participación ciudadana y la posible subordinación del Poder Judicial al Ejecutivo y Legislativo podrían debilitar los mecanismos de control necesarios para una democracia robusta. Un aspecto crítico que reflejó el descontento y la confusión de la ciudadanía en las elecciones judiciales de 2025 fue el elevado porcentaje de votos nulos y boletas sin marcar. Según datos oficiales del Instituto Nacional Electoral (INE), se registraron más de 12.6 millones de votos nulos, lo que representa aproximadamente el 10.8% del total de votos emitidos. Adicionalmente, se contabilizaron alrededor de 14 millones de boletas con recuadros no utilizados, equivalentes al 12.1% del total. En conjunto, estos votos inválidos y no utilizados sumaron más de 26.6 millones, superando incluso la cantidad de votos obtenidos por los candidatos más respaldados para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta situación evidencia una falta de comprensión del proceso electoral por parte de los votantes y una posible protesta silenciosa ante un sistema percibido como opaco y poco representativo. La complejidad de las boletas y la escasa información sobre los candidatos contribuyeron significativamente a este fenómeno. Si bien la participación ciudadana es un pilar de la democracia, no todas las decisiones deben ser sometidas al voto popular. En áreas técnicas y especializadas, como el sistema judicial, es crucial contar con expertos que puedan tomar decisiones informadas y basadas en el conocimiento. La elección de jueces y magistrados debería considerar criterios de mérito, experiencia y formación, en lugar de depender exclusivamente del voto popular, que puede estar influenciado por factores ajenos a la competencia profesional. A pesar de las críticas y preocupaciones, este proceso también puede verse como una oportunidad para reflexionar y fortalecer la democracia mexicana. La experiencia destaca la importancia de diseñar reformas institucionales que equilibren la participación ciudadana con la necesidad de mantener la independencia y profesionalismo en áreas clave del gobierno. Es fundamental fomentar una cultura cívica que valore tanto la participación informada como la existencia de contrapesos efectivos. La democracia no se limita al acto de votar; implica también la construcción de instituciones sólidas, la promoción de la transparencia y la garantía de que el poder no se concentre en manos de unos pocos. En este sentido, México tiene la oportunidad de aprender de esta experiencia y avanzar hacia un sistema democrático más equilibrado, donde la participación ciudadana y la especialización técnica coexistan en armonía, fortaleciendo así la confianza en las instituciones y el Estado de derecho. Tenemos que recordar que solamente Juntos, Logramos Generar: Propuestas y Soluciones.
JLG