Dr. José Manuel Linares Espil
En el complejo entramado de la seguridad pública y la procuración de justicia en México, la deuda social se ha vuelto un tema crucial, especialmente en el contexto del cambio de paradigma en los procesos penales modernos. La transición hacia un sistema más acusatorio y oral ha evidenciado la falta de infraestructura tecnológica, la corrupción arraigada y la violación sistemática de derechos humanos, principalmente en estados con menor desarrollo como Guerrero.
Desde un punto de vista jurídico, la deuda social se manifiesta en la incapacidad de las Secretarías de Seguridad Pública y las Fiscalías para cumplir con sus obligaciones constitucionales de garantizar la seguridad y procurar justicia de manera eficaz y conforme a los estándares internacionales. La falta de tecnología adecuada, como sistemas de información integrados y herramientas de análisis criminal, obstaculiza la investigación y el combate a la delincuencia.
Sociológicamente, la deuda social se refleja en la percepción de impunidad y la desconfianza hacia las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia. La corrupción, tanto en las fuerzas policiales como en el sistema judicial, mina la credibilidad del Estado y perpetúa un ciclo de violencia e inseguridad. En estados como Guerrero, donde la pobreza y la marginación son endémicas, estas problemáticas se agravan, generando un ambiente propicio para la violación de derechos humanos.
Expertos penalistas y sociólogos coinciden en que la solución a esta deuda social requiere medidas integrales que aborden tanto las deficiencias estructurales como las prácticas corruptas arraigadas en las instituciones. Es fundamental fortalecer la capacitación y profesionalización de los operadores del sistema de justicia, así como garantizar la independencia y la transparencia en las investigaciones y procesos judiciales.
Las organizaciones no gubernamentales (ONG) y Naciones Unidas han formulado recomendaciones específicas para abordar esta problemática. Entre ellas se encuentran la implementación de mecanismos de rendición de cuentas, el fortalecimiento de los sistemas de protección a víctimas y testigos, y la asignación de recursos suficientes para mejorar la infraestructura y la tecnología en las instituciones de seguridad y justicia.
En cuanto a las estadísticas, un informe de Transparencia Internacional señala que México se ubicó en el lugar 124 de 180 países evaluados en el Índice de Percepción de la Corrupción 2023, lo que evidencia la persistencia de este problema a nivel nacional. Además, estudios como el realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) revelan que un alto porcentaje de la población percibe corrupción en las instituciones de seguridad y justicia, lo que socava la confianza en el Estado de Derecho.
En cuanto a la infiltración del narcotráfico, investigaciones como la realizada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) indican que la corrupción y la colusión con grupos criminales son fenómenos extendidos en las fuerzas policiales y el sistema judicial, especialmente en estados como Guerrero, donde la presencia del crimen organizado es significativa.
En conclusión, la deuda social en el sistema de seguridad y justicia mexicano es un desafío multidimensional que requiere un enfoque holístico y colaborativo. Solo mediante un compromiso real con la reforma institucional y el respeto irrestricto a los derechos humanos se podrá avanzar hacia un sistema de justicia más justo, eficaz y confiable para todos los ciudadanos.
Referencias:
- Transparencia Internacional. (2023). Índice de Percepción de la Corrupción.
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública.
- Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Informe sobre la infiltración del narcotráfico en instituciones de seguridad y justicia en México.