Propuestas y Soluciones
Jorge Laurel González
“La libertad nunca es voluntariamente otorgada por el opresor; debe ser exigida por los que son oprimidos.” — Martin Luther King Jr.
La noticia de la caída de Nicolás Maduro y su captura por fuerzas extranjeras a inicios de enero de 2026 marca un punto de inflexión en la historia reciente de Venezuela, y por extensión, de América Latina. Este fenómeno, sujeto a interpretaciones diversas y prolongadas en el tiempo, invita a una reflexión crítica que trascienda la simple celebración o condena del hecho. El empresario hotelero y restaurantero que suscribe, con una mirada formada en el dinamismo global del turismo y su impacto sociopolítico, se propone ponderar este acontecimiento desde sus múltiples aristas: geopolítica, legitimidad democrática, impactos socioeconómicos y posibles futuros para Venezuela y la región. La narrativa dominante en ciertos sectores de la política internacional celebra la caída de Maduro como la culminación de una larga resistencia contra un régimen percibido como autoritario y corrupto, responsable de un colapso económico y social que ha desencadenado éxodos masivos y un deterioro profundo del tejido productivo. Maduro, sucesor de Hugo Chávez, consolidó desde 2013 un liderazgo cada vez más personalista y represivo, erosionando instituciones y debilitando mecanismos democráticos, según relatos de observadores y analistas internacionales. Desde la perspectiva de quienes apoyan la intervención externa —especialmente desde Estados Unidos— la operación que terminó con su captura ha sido descrita como una acción necesaria para restablecer el orden y abrir paso a una transición hacia la democracia. Voces de la oposición venezolana, tanto dentro como fuera del país, han exaltado el hecho como un momento histórico en el que, finalmente, Venezuela puede mirar hacia un futuro de libertad y reconstrucción nacional. Sin embargo, esta lectura triunfalista omite cuestionamientos esenciales: ¿puede una intervención militar —aun cuando se celebrara por algunos como liberadora— ser considerada legítima si vulnera la soberanía de un Estado? La respuesta de numerosos gobiernos y organizaciones internacionales pone de relieve que no existe consenso. La Unión Europea, por ejemplo, ha enfatizado la necesidad de que cualquier transición respete la voluntad del pueblo venezolano y se enmarque en la legalidad internacional. Por su parte, países como China han condenado enérgicamente la intervención militar, argumentando que representa una violación del derecho internacional y un peligroso precedente para las relaciones internacionales. Es preciso reconocer aquí que la situación venezolana tenía un trasfondo complejo antes de su desenlace abrupto. Desde hace años, elevados niveles de inflación, colapso de servicios públicos, control de divisas y políticas económicas erráticas convirtieron al país en uno de los mayores puntos de inestabilidad en la región. La dependencia casi absoluta del petróleo, un ejemplo clásico de “petroestado”, exacerbó las vulnerabilidades económicas y dificultó la diversificación productiva, reduciendo simultáneamente la resiliencia ante crisis externas e internas. Políticamente, la caída de Maduro no ha garantizado de inmediato lo que muchos esperaban: el fin de la represión y la instauración de un estado de derecho plenamente democrático. Informes recientes señalan que bajo la administración interina liderada por Delcy Rodríguez —figura del entorno chavista— persisten mecanismos de control, censura y clima de intimidación en amplios sectores de la sociedad.
La percepción de un “cambio superficial” preocupa a analistas y ciudadanos que temen un autoritarismo reempaquetado bajo nuevas formas de dominación. La liberación de presos políticos y ciertos gestos hacia la oposición han sido interpretados por algunos como señales de apertura política. No obstante, estos actos deben ser evaluados con cautela: un retorno auténtico y sostenible de las libertades civiles y de una vida democrática plena requiere de instituciones fuertes, independencia judicial efectiva y garantías de participación plural —elementos que han sufrido un deterioro serio en las últimas décadas. En términos humanitarios, la crisis venezolana ha dejado secuelas que no desaparecerán de la noche a la mañana. La caída del régimen no borra el dolor de millones de venezolanos que han emigrado, la desnutrición prolongada de sectores vulnerables, ni el colapso de la infraestructura pública. La recuperación de la confianza social y la reconstrucción de la cohesión nacional demandan mucho más que la eliminación de una figura política; requieren proyectos amplios de reconciliación y desarrollo. Desde la óptica geopolítica, la intervención norteamericana y el derrocamiento de Maduro reconfiguran el mapa estratégico de la región. El apoyo explícito de Washington a ciertas facciones opositoras y su rol central en la transición levantan preguntas sobre la autonomía de los países latinoamericanos para definir sus propios procesos internos sin injerencias externas. Además, la reacción de potencias globales como China y Rusia indica que Venezuela se encontraba en un punto de convergencia geoestratégica significativo, y su transformación política altera equilibrios de poder más amplios. Este contexto plantea dilemas importantes sobre la soberanía y la autodeterminación: ¿puede la comunidad internacional legitimar intervenciones que, aunque buscan derrocar gobiernos autoritarios, comprometen la independencia de las naciones? ¿Qué riesgos existen de que tales acciones se utilicen como excusa para perseguir intereses ajenos a los verdaderos fines democráticos y de bienestar social? Estas preguntas deben ocupar un lugar central en cualquier análisis serio de lo ocurrido. Mirar al futuro implica ir más allá de celebraciones o condenas simplistas. Venezuela —como nación soberana— requiere un plan de reconstrucción integral que incluya lo siguiente: Restablecimiento institucional con reformas constitucionales y electorales claras, que devuelvan la confianza a la ciudadanía. Comisión de la verdad y reconciliación, para abordar las heridas del pasado reciente. Estrategias de reactivación económica diversificadas, que reduzcan la dependencia de recursos naturales. Cooperación internacional basada en respeto mutuo y en apoyo a procesos democráticos legítimos, sin imposiciones externas. Finalmente, este evento nos recuerda que las soluciones sostenibles no se logran mediante la imposición de fuerzas externas ni por la simple eliminación de líderes autoritarios; se construyen con procesos inclusivos que integren a todas las voces de una sociedad. Recordemos que Solamente Juntos, Logramos Generar: Propuestas y Soluciones.
JLG