Aleida Alarcón
En la sincronía de esta última parte del análisis, convertido en artículo para su lectura y discusión, se aborda la fase final —y prioritaria—: la seguridad.
El estado de Guerrero, pese a contar con presencia militar desde hace más de dos décadas, sigue enfrentando un incremento sostenido en los niveles de violencia y criminalidad. Este fenómeno responde al debilitamiento estructural de las instituciones locales de seguridad, a la ausencia de una agenda efectiva para el restablecimiento del orden público en varios municipios y a la escasa profesionalización con la que algunos ayuntamientos abordan esta problemática. La violencia ha superado la capacidad de respuesta institucional, sumándose además la falta de actualización, capacitación y renovación de los cuerpos policiales para atender las causas profundas de las conductas antisociales y criminógenas que imperan en la entidad.
El Sistema Estatal de Seguridad ha contribuido a esta fragilidad institucional al contar con un número insuficiente de efectivos policiales, particularmente en tareas de prevención social del delito. De los más de dos mil elementos asignados a estas labores, la mayoría carece de una estrategia alineada con una agenda sectorizada de riesgos, violencias y atención a las causas estructurales. Esto impide consolidar una auténtica política de proximidad social con las comunidades.
Asimismo, la ausencia de actualización normativa, la falta de regulación y la poca armonización del plan estatal de desarrollo con las demás dimensiones de seguridad —nacional y local— afectan gravemente el desempeño de la policía. Resulta prioritario transformar este modelo para lograr cuerpos policiales efectivos y asertivos en la atención ciudadana. Cabe recordar que, en 2008, Guerrero fue calificado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública como una de las entidades con mayor avance en la armonización de sus cuerpos policiales estatales y municipales.
Guerrero fue pionero, junto con estados como Jalisco y el Estado de México, en la operación de una policía orientada a la prevención social del delito, antecedente de lo que posteriormente la federación denominaría “policía de proximidad social”. En la actual administración federal, este enfoque ha sido retomado y canalizado a través de la Guardia Nacional. A pesar de sus vacíos institucionales, se le ha conferido la tarea de establecer vínculos sociales y atender las causas de la violencia antes de recurrir a mecanismos punitivos.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal ha comenzado a implementar un enfoque de investigación científica de los delitos, así como del perfil de quienes generan violencia. Esta nueva policía de inteligencia se presenta como el equivalente al FBI en el modelo estadounidense, marcando un paso hacia la modernización institucional de la seguridad nacional. Se trata de una visión integral que articula distintas dimensiones y niveles de gobierno con el propósito de diseñar estrategias efectivas para reducir la percepción de inseguridad en el país.
Atender las causas requiere una intervención integral desde lo local. La federación ha planteado acciones específicas para el puerto de Acapulco, a través de una estrategia que se ha comparado con el Programa Marshall, focalizando la reconstrucción regional. Este proceso exige la participación activa de los gobiernos estatal y municipal, asumiendo sus responsabilidades y acompañando la ejecución de las políticas públicas.
Sin embargo, el panorama institucional revela una desconexión. Muchos funcionarios locales critican que la federación les impide trabajar de manera coordinada, aunque esta queja podría también interpretarse como una reacción a la inercia y tardía respuesta de los gobiernos subnacionales, motivada por intereses distintos al bien común, particularmente al acercarse el fin de sus ciclos administrativos.
Un caso alarmante es la situación de las corporaciones policiales en Acapulco. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, existen alrededor de 4,000 policías registrados, pero no más de 300 operan activamente en funciones de seguridad pública. Esto plantea preguntas ineludibles: ¿dónde están los demás?, ¿cuántos son realmente policías?, ¿qué sucede con aquellos que ya han superado la edad operativa?
La referencia al Programa Marshall no es casual. Este plan permitió reconstruir economías y generar vínculos de cooperación entre naciones que luego formarían la Unión Europea. Acapulco, en este contexto, podría reconstituirse como una región económica autosuficiente, si se logra articular adecuadamente su agenda de seguridad, desarrollo y reconstrucción institucional, entendiendo que la base es su oferta turística.
Por ahora, queda esperar que los programas y acciones federales se concreten para atender las causas estructurales de la violencia y la inseguridad. Si anteriormente se escuchó al sector empresarial y a la sociedad civil organizada para reconstruir el turismo, ahora es necesario que la ciudadanía sea el actor principal. No obstante, si la sociedad no se organiza, informa y presenta sus demandas con propuestas técnicas y seguimiento constante, el esfuerzo quedará reducido a un ejercicio de frustración.
Esta semana se conmemoran seis años desde la creación de la Guardia Nacional. En este contexto, resulta pertinente recordar la similitud que existía con la desaparecida Policía Estatal de Prevención Social del Delito. Ambas corporaciones estaban integradas por mujeres y hombres con formación universitaria, quienes recibían una capacitación especializada basada en un tronco común centrado en la vinculación con los derechos humanos. Un elemento particularmente simbólico era su uniforme: camisolas grises, utilizadas por igual por mujeres y hombres, como un mensaje de neutralidad institucional. El rostro humano de cada agente fungía como su verdadera credencial, representando una proximidad social y un enfoque no punitivo en su labor policial.