El monopolio de la denuncia lo tienen los del partido en el poder, a nadie debe de sorprender, pues desde 1988 con la fuerte escisión en el PRI, las denuncias de los grupos vulnerables tuvieron eco en los grupos políticos que se fueron creando alrededor del movimiento opositor al gobierno.
Esto redituó a los partidos en ese entonces de oposición como el PRD y a las víctimas de agravios oficiales, por ello causas sociales tuvieron proyección nacional como lo de la guardería ABC, la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, el alza a la gasolina en tiempos de Enrique Peña Nieto, entre otros.
Sin embargo, a partir del 2018, cuando hay un nuevo cambio de gobierno, y los grupos políticos opositores se convierten en gobierno, los agravios oficiales se siguen dando, pero ahora ya sin el acompañamiento que los hacía permear socialmente, quedaron de un día para otros huérfanos sociales.
Casos graves se siguieron dando como la caída de la línea 12 del Metro de la ciudad de México con más de 20 muertos, o los inmigrantes calcinados en una estación de migración en Ciudad Juárez, o la muerte de niños por falta de medicinas contra el cáncer, o los actos de corrupción documentados con grabaciones, o la ausencia de apoyo a las madres buscadoras… todo eso sucedió, pero ya sin el amplificador que hacían los grupos políticos antes de oposición.
Tan el control y monopolio de la denuncia siguen teniéndolo que lo que sí ha trascendido es exigir que nos digan cuánto ganan los periodistas críticos… a ese grado se ha llegado.
Aclaramos que no estamos calificando si está bien o mal lo anterior, sólo lo exponemos como se ha transformado el acompañamiento social a demandas de grupos vulnerados, como ahora sucede con los trabajadores del poder judicial de la Federación, que prácticamente están solos en su lucha. Es pues, el nuevo México.