La conformación de cualquier Estado se basa en los principios de dotarles de seguridad física y patrimonial a los ciudadanos. Esto se plasma en la Constitución respectiva, y en las democracias se pondera el derecho a la libertad de todo ser humano.
En últimas fechas, pareciera que en nuestro país vamos hacia atrás en la certeza de dotarle de un estado de Derecho a los mexicanos. Esa homologación de criterio entre los legisladores (diputados y senadores) del partido oficial y sus aliados, con los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (todos ellos militantes o simpatizantes del oficialismo, sin mencionar cómo llegaron a ese cargo), alineados a lo que el poder Ejecutivo piense y decida, han ido generando un ambiente de incertidumbre ciudadana con la toma de diversas decisiones.
Es necesario llamar a la prudencia, a dejar de lado las posiciones ideológicas, porque más pareciera que hay un interés desmedido por crear un nuevo sistema de gobierno, que por brindarle las condiciones de estabilidad y seguridad a los que habitamos en México para un mejor desarrollo social, económico y democrático.