El Senado acaba de aprobar hace unos días una propuesta para que todos los usuarios de telefonía celular estén obligados a proporcionar sus datos biométricos, que son básicamente la huella digital y escáner del iris del ojo.
Durante muchos años se ha intentado por parte del gobierno disponer de la mayor cantidad de datos de los ciudadanos mexicanos, ahí está la misma identificación del INE, la obligatoriedad en celulares de dar toda tu información.
Sin embargo, la presión ciudadana logró evitar otros intentos. Pero ahora, como un partido tiene mayoría, más sus partidos aliados en el Congreso y Senado, han logrado lo impensable: que se haga un padrón con los datos biométricos obligatorios de quienes usan teléfono móvil.
¿Para qué quiere esa información el gobierno, principalmente federal?
Supuestamente para frenar los hechos delictivos que se comenten utilizando ese artículo. Extorsiones, crímenes, fraudes, acoso, etc. son los supuestos delitos que se van a combatir a través de la información que se tenga con esa nueva disposición oficial.
La verdad es que las empresas que brindan el servicio de telefonía celular tienen todos los datos de los que le contratan, salvo la huella digital y el escáner de iris. Y hay mecanismos suficientes para realizar un trabajo de investigación sin necesidad de la información exclusiva del ser humano.
Estanos viviendo momentos muy difíciles, la confianza ciudadana está cada vez más fracturada con todo lo que significa instituciones gubernamentales. Estos no son tiempos de presionar más en ese sentido.
Los gobiernos debieran ser ejemplo de transparencia en el manejo de los recursos públicos, en sus componendas electorales, en el trasfondo política de sus acciones.
Esperemos aún haya tiempo de que se rectifique en torno a las nuevas disposiciones, porque de algo sí se estaría seguro: el incremento de robo a celulares será inminente.