Por Rodrigo Huerta Pegueros*
Cada vez que se persigue, amenaza, encarcela o asesina a un periodista, se atenta no solo contra el comunicador sino que se agravia a toda una sociedad. Debemos recordar que el ejercicio periodístico ha sido catalogado por los organismos internacionales de mayor relevancia en el mundo (ONU), como un derecho y una garantía fundamental de todo ser humano. Pero es además, un ejercicio profesional de lo más noble y de servicio que existe en el ámbito internacional.
No está por demás rememorar que a lo largo de la historia de los medios de comunicación siempre han existido grupos, personas o asociaciones de toda índole a quienes les incomode el trabajo que desempeñan los comunicadores. No pocos profesionales han sido víctimas de la barbarie por ejercer en forma amplia, abierta, transparente y honesta esta labor donde se pone en juego la libertad de expresión y la divulgación de las ideas y el pensamiento.
Siempre encontraremos en los anales de la historia, nombres ilustres de personajes que abrazaron el periodismo como un apostolado y que nada sirvió el tratar de persuadirlos para que no expusieran sus vidas frente a los grupos políticos, económicos o delincuenciales poderosos, quienes coludidos con los encargados de impartir justicia, acababan mancillándolos.
Nunca ha sido fácil ejercer la labor periodística, desde cualquier trinchera, particularmente en territorios donde los valores democráticos no han sido consolidados o donde el desarrollo social, político o cultural se ha frenado.
Pero también, y hay que decirlo, no se ha logrado tener respeto a la labor del comunicador social donde los detentadores de los medios de comunicación ( radio, televisión y prensa escrita) no han brindado cobijo a sus colaboradores y cuando poco o nada hacen por buscar que se esclarezcan los hechos que provocaron que se les haya quitado la vida.
Guerrero es una entidad donde desde siempre el ejercicio periodístico ha sido considerado como de gran o grave riesgo. Solo basta hacer una somera revisión de los atentados que han sufrido los periodistas o comunicadores en los últimos cincuenta años y nos daremos cuenta de que poco o nada hemos avanzado en lo relacionado a brindar mayor protección, cobertura o blindaje a quienes a diario ejercen esta labor.
Recordemos que, de los años cincuenta a la fecha, numerosos atentados a la vida de los periodistas se han registrado. Unos, perpetrados desde las cloacas del gobierno federal y estatal y otros desde oficinas de poderosos empresarios o litigantes. Ningún gobierno (federal o estatal), de los años cuarenta a la fecha, ha terminado su gestión sin haber sido involucrados en atentados cometidos contra periodistas.
Pero el agravio mayor que se le puede infligir a los comunicadores, es sin duda, la impunidad y la falta de resultados por parte de las autoridades para esclarecer los móviles de los crímenes cometidos contra los periodistas. Resulta incongruente que los asesinatos y atentados contra reporteros, columnistas, editorialistas o editores y directores de los medios de comunicación tengan tan solo atención por parte de las autoridades para crear fiscalías especiales que nunca resuelven nada, ni siquiera presionan a los investigadores para que den con los responsables materiales e intelectuales de los crímenes que se comenten. No basta con que se hagan públicas las condenas de parte de las autoridades, sino que realicen su tarea y den resultados.
Tampoco, nos parece correcto, que los comunicadores en activo, quienes están en la trinchera y que pueden ser las futuras víctimas de la intolerancia y la barbarie, resuelvan participar en las condenas y exigencias para el esclarecimiento de los hechos cometidos contra los comunicadores, sino que se comprometan a continuar dando seguimiento a las pesquisas hasta que se den resultados contundentes y positivos que dejen satisfechos a propios y extraños. De otra forma, continuaremos viendo como en ediciones pasadas y presentes, las condenas y movilizaciones de comunicadores, pero que al paso de los días o meses, se olvidan de los casos y solo resuelven volver a la recriminación cuando otro compañero comunicador ha sido victimado.
El gremio periodístico está agraviado, no de ahora, sino desde hace ya varias décadas. Podríamos mencionar medio centenar de nombres de periodistas que han sido asesinados, perseguidos, amenazados y encarcelados por el delito de ejercer una garantía individual fundamental que es la libertad de expresión y de ejercer la noble profesión de comunicar. Debemos condenar los agravios a los periodistas, pero sobre todo, debemos exigir en forma permanente que se resuelvan a fondo los crueles asesinatos como el cometido hace unos días contra Juan Daniel Martínez Gil.
Periodista y Analista Político*
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